El secretario de Estado de Medio Ambiente explica que actualizar la cartografía requiere “no menos de dos años”, aunque asegura que las obras de emergencia ya han terminado

¿Qué terrenos quedarían hoy dentro de las zonas inundables si se incorporara todo lo aprendido durante la DANA de 2024? La respuesta definitiva todavía tardará. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha explicado en el Senado que completar la actualización de los mapas suele necesitar al menos dos años.

Entre los trabajos pendientes se encuentran las nuevas cartografías de peligrosidad del barranco del Poio y el río Magro.

¿Por qué tarda tanto un mapa?

Porque su modificación puede cambiar mucho más que los colores dibujados sobre un plano.

La consideración de un terreno como inundable afecta a cuestiones como qué puede construirse, cómo puede desarrollarse urbanísticamente una zona y qué usos pueden autorizarse en ella.

El procedimiento requiere además información pública y participación de administraciones y afectados. La revisión oficial de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación está sometida precisamente a consulta pública dentro del sistema estatal.

¿Para qué sirven estos mapas?

Son una de las herramientas utilizadas para saber qué lugares presentan peligro ante una inundación.

El sistema estatal contempla escenarios de 10, 50, 100 y hasta 500 años de periodo de retorno.

Además, el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables sirve de apoyo a Protección Civil, los organismos de cuenca y las administraciones responsables de la planificación territorial.

¿Significa que no se han hecho obras?

Según Hugo Morán, no.

El secretario de Estado asegura que las actuaciones de emergencia posteriores a la DANA están concluidas y sostiene que no se ha esperado a disponer de los nuevos mapas para intervenir en las zonas afectadas.

Un nuevo sistema de alerta para la Confederación

El Gobierno trabaja paralelamente en la licitación de un sistema de alerta temprana para la Confederación Hidrográfica del Júcar.

La comparecencia se produjo en la comisión del Senado que investiga las circunstancias de la DANA del 29 de octubre de 2024, la actuación de las distintas administraciones y las medidas necesarias para prevenir futuras catástrofes.

Casi dos años después, por tanto, conviven dos situaciones diferentes: el Gobierno da por terminadas las actuaciones de emergencia, pero la cartografía que deberá redefinir el riesgo de inundación en zonas como el Poio y el Magro continúa en proceso de revisión.