El Ministerio Fiscal reconoce que aplicó inicialmente una reforma penal posterior a los hechos de 2021; los acusados defienden que protagonizaron una protesta pacífica en el puerto de Sagunto
La Fiscalía ha reducido de cinco años a dos años y seis meses de prisión la pena que solicita para cada uno de los once activistas de Greenpeace juzgados por una protesta realizada en octubre de 2021 en el puerto de Sagunto. El Ministerio Fiscal ha reconocido que la petición inicial partía de un «error» al aplicar una reforma del Código Penal que todavía no estaba vigente cuando ocurrieron los hechos.
El juicio se ha celebrado este miércoles ante la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Valencia número 8 y se ha prolongado durante más de nueve horas, incluidos dos recesos. Durante la vista declararon una decena de testigos, entre ellos seis guardias civiles, representantes de empresas vinculadas al puerto y dos periodistas.
¿Cuál fue el error de la Fiscalía?
La explicación está en las fechas.
Los hechos que se juzgan ocurrieron el 26 de octubre de 2021.
Sin embargo, la petición inicial de cinco años utilizaba la regulación derivada de la Ley Orgánica 14/2022, que modificó el delito de desórdenes públicos e introdujo un nuevo tipo agravado.
Esa reforma entró en vigor el 12 de enero de 2023, más de un año después de la protesta.
La Fiscalía ha rectificado ahora y solicita dos años y seis meses de prisión, aplicando la legislación que correspondía en el momento de los hechos.
El día que Greenpeace bloqueó un barco con 138.000 metros cúbicos de gas
La causa se remonta a una acción contra la utilización de combustibles fósiles realizada en el puerto de Sagunto.
El barco Esperanza, perteneciente entonces a Greenpeace, bloqueó la entrada del buque Merchant, que procedía de Estados Unidos transportando 138.000 metros cúbicos de gas natural licuado.
La protesta incluyó además cuatro lanchas neumáticas, desde las que se pintó el mensaje «NO + GAS» sobre el lateral del casco.
Otro activista se encaramó al ancla del barco para mantener la protesta. Finalmente, el buque consiguió acceder al puerto doce horas después.
La Fiscalía reconoce que no hubo violencia
Uno de los aspectos relevantes del juicio es que el Ministerio Fiscal no considera que la acción fuera violenta.
Sin embargo, mantiene la acusación por desórdenes públicos.
La Fiscalía argumenta que los activistas actuaron de manera coordinada y que la actuación excedió los límites de una simple protesta pacífica al producirse en una infraestructura portuaria y alterar su funcionamiento.
Será el tribunal el que determine ahora si esos hechos reúnen los requisitos necesarios para constituir el delito por el que se les acusa.
Los once acusados: «Solo queríamos llamar la atención»
La versión de los activistas es diferente.
Los once procesados sostienen que realizaron una protesta pacífica amparada por su derecho a manifestarse en defensa del medio ambiente.
Aseguran que no pretendían perjudicar a otros barcos ni poner en peligro la navegación marítima.
Según explicaron durante el juicio, la finalidad era llamar la atención de los gobiernos para reclamar actuaciones frente al cambio climático.
Activistas de ocho nacionalidades
Los acusados proceden de ocho nacionalidades diferentes.
Entre ellos hay miembros de Greenpeace, voluntarios y simpatizantes de la organización.
Durante sus declaraciones han insistido en que colaboraron con las autoridades y han descrito sus contactos con los agentes de la Guardia Civil durante la protesta como «cordiales y respetuosos».
Greenpeace ya pagó una multa de 160.000 euros
La defensa sostiene que la actuación no produjo una alteración de la paz pública con suficiente relevancia como para constituir un delito.
También ha recordado que Greenpeace ya tuvo que afrontar por estos hechos una sanción administrativa de 160.000 euros.
Este argumento forma parte de la posición de la defensa y será valorado por el tribunal junto al resto de las pruebas y alegaciones.
De cinco años a dos años y seis meses
El juicio deja, por tanto, un cambio sustancial respecto al escenario con el que llegaron los once acusados al banquillo.
La Fiscalía mantiene que existieron desórdenes públicos, pero reconoce dos elementos importantes: la acción no fue violenta y la petición inicial de cinco años se calculó aplicando por error una legislación que todavía no estaba vigente cuando ocurrió la protesta.
Greenpeace y los once procesados mantienen, por el contrario, que aquella acción de 2021 fue una protesta ambiental pacífica.
Tras más de nueve horas de juicio, será ahora el tribunal quien determine si bloquear durante doce horas la entrada de un buque gasero al puerto de Sagunto constituyó un delito de desórdenes públicos o quedó dentro de los límites de una acción de protesta.
