La patronal sostiene que una protesta destinada a modificar las políticas públicas de vivienda no tiene esencialmente naturaleza laboral. Los sindicatos vinculan, sin embargo, el precio de una casa con los salarios y preparan un paro de 24 horas para este otoño.
La futura huelga general por la vivienda todavía no tiene fecha, pero ya ha abierto un importante debate sobre su naturaleza y alcance.
CEOE y Cepyme consideran “inadmisible” que CCOO y UGT pretendan convocar un paro de 24 horas para reclamar, entre otras cuestiones, medidas que reduzcan las dificultades de acceso a una vivienda.
La patronal cuestiona además su encaje jurídico.
Su presidente, Antonio Garamendi, ha planteado incluso la posibilidad de que la huelga pudiera ser ilegal al considerar que las reivindicaciones principales se dirigen contra las políticas de las administraciones y no contra decisiones empresariales.
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Qué argumenta la CEOE
La patronal parte de una distinción fundamental.
Construir vivienda pública, modificar determinadas leyes, regular los alquileres o adoptar medidas presupuestarias son decisiones que corresponden a las administraciones públicas.
CEOE y Cepyme sostienen que las empresas no pueden resolver por sí mismas estas cuestiones.
Por ello consideran que no resulta razonable que sean las compañías y su actividad las que sufran directamente las consecuencias económicas de una huelga.
Qué plantean CCOO y UGT
Los sindicatos parten de una idea distinta.
Para ellos, salario y vivienda están directamente relacionados.
Un trabajador puede experimentar mejoras salariales y, al mismo tiempo, perder capacidad adquisitiva si el alquiler o la hipoteca absorben una proporción cada vez mayor de sus ingresos.
Por eso la convocatoria combina reivindicaciones relacionadas con la vivienda con otras estrictamente laborales, como los incrementos salariales y la negociación colectiva.
Garamendi señala el contexto electoral
El debate se complica por la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Garamendi considera que la huelga tiene un componente “político y electoral” y cuestiona que se paralice la actividad económica en un momento en el que los ciudadanos deberán decidir en las urnas.
La patronal entiende que una protesta dirigida contra la actuación del Ejecutivo no debería trasladar su coste a las empresas.
Que la CEOE lo cuestione no significa que ya sea ilegal
Conviene distinguir ambas cuestiones.
CEOE y su presidente han expresado dudas sobre la legalidad de la convocatoria, pero eso no convierte automáticamente la huelga en ilegal.
La calificación jurídica dependería de las características concretas de la convocatoria y, en caso de controversia, de las decisiones adoptadas por los órganos competentes.
Además, todavía no se conoce el texto definitivo de la convocatoria ni su fecha.
La vivienda abre un nuevo conflicto social
CCOO y UGT pretenden consensuar el día del paro con organizaciones sociales y movimientos de inquilinos antes de completar sus procedimientos internos.
La huelga está planteada para este otoño y durante 24 horas.
La vivienda salta así de las manifestaciones y acampadas a otro escenario: las relaciones laborales.
Los sindicatos consideran que no puede hablarse de salarios dignos sin tener en cuenta cuánto cuesta vivir.
La patronal responde que no corresponde a las empresas pagar mediante una huelga el coste de problemas cuya solución depende fundamentalmente de las administraciones.
Dos posiciones enfrentadas que anticipan un otoño de fuerte tensión social.
