El PSPV denuncia que Catalá frenó el recargo a grandes propietarios; el gobierno responde que la ordenanza no ha cambiado y que el 99% de los titulares tiene menos de cinco viviendas.
La discusión sobre la vivienda en Valencia se ha trasladado al padrón del IBI y a la aplicación de los recargos fiscales. El portavoz municipal del PSPV, Borja Sanjuán, acusa al gobierno de María José Catalá de favorecer la especulación inmobiliaria. El ejecutivo municipal rechaza esa interpretación y reivindica su política de vivienda pública.
La denuncia socialista parte del aumento de las personas jurídicas con cinco o más viviendas, que han pasado de 735 en 2023 a 901 en 2026. El crecimiento es del 22,6%. En el mismo periodo, las personas físicas de esta categoría han pasado de 2.332 a 2.330, prácticamente sin variación.
En conjunto, Valencia registra este año 3.231 propietarios con cinco o más viviendas, 164 más que en 2023 y 61 más que en 2025.
Sanjuán vincula el incremento a la gestión municipal y afirma que Catalá frenó la aplicación del recargo del IBI que había iniciado el anterior gobierno. Como antecedente, cita un recargo de 1.483 euros aplicado en 2022 a un multipropietario, cuando todavía se estaba completando la lista de afectados.
El gobierno responde que la ordenanza fiscal mantiene la redacción del mandato de Compromís y PSPV. Ambos argumentos abordan aspectos distintos: conservar una norma y aplicarla son cuestiones que deben examinarse por separado.
La réplica municipal también destaca que los titulares con cinco o más viviendas suponen aproximadamente el 1% de los 327.122 propietarios identificados. Por tanto, alrededor del 99% queda por debajo de ese umbral. Las cifras no detallan qué parte del parque residencial acumula cada grupo.
El enfrentamiento incluye asimismo el balance de vivienda pública. El gobierno atribuye al anterior mandato 14 viviendas construidas en ocho años y asegura que el actual ha impulsado más de mil. Esa comparación requiere distinguir entre viviendas proyectadas, en construcción y terminadas.
Los datos acreditan el aumento de titulares jurídicos con cinco o más viviendas. Por sí solos, no establecen qué decisiones lo han provocado ni resuelven la controversia sobre la aplicación del recargo del IBI
