Abogados, procuradores y arquitectos se han concentrado para exigir una solución urgente a la situación de miles de profesionales integrados en mutualidades alternativas al sistema público de Seguridad Social. Bajo el lema “1×1 para todos, no más demoras”, reclaman una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que permita reconocer íntegramente los años cotizados.
Según explican los portavoces del movimiento, el problema afecta a cerca de 100.000 profesionales en toda España. Muchos de ellos, tras décadas de trabajo y aportaciones obligatorias a mutualidades alternativas, se enfrentan ahora a pensiones que califican de “insuficientes”, en algunos casos inferiores a 500 euros mensuales en 12 pagas y sin actualización.
“No pedimos favores, pedimos justicia”
Los afectados sostienen que durante años no tuvieron opción de incorporarse al sistema público y que el régimen mutual fue, en muchos casos, obligatorio hasta mediados de la década de 2000. Cambiarse al RETA suponía perder todo lo acumulado.
Reivindican que el tiempo trabajado en mutualidades compute de forma equivalente al cotizado en la Seguridad Social. “No estamos hablando de capital, estamos hablando de derechos”, señalan. Insisten en que no solicitan subvenciones ni ayudas extraordinarias, sino el reconocimiento íntegro de las cotizaciones realizadas.
Una proposición de ley pendiente
Actualmente existe una iniciativa legislativa que contempla una pasarela al RETA, pero los profesionales denuncian que deja fuera a parte del colectivo. Por ello, reclaman una enmienda que garantice el principio de “1×1”, es decir, que cada año trabajado y cotizado en mutualidades sea reconocido plenamente en el sistema público.
Aseguran que el proceso se encuentra paralizado y piden al Gobierno que impulse un acuerdo parlamentario que incluya a todos los afectados.
Impacto en profesiones de servicio público
El colectivo subraya que muchas de estas profesiones prestan servicios esenciales al sistema público, como el turno de oficio en el caso de abogados y procuradores. Consideran que han sido “la parte olvidada” del sistema y que la falta de reconocimiento de su vida laboral supone una vulneración de derechos.
“Somos profesionales de servicio público y no pedimos privilegios. Pedimos dignidad”, resumen.
El movimiento continuará con acciones reivindicativas hasta lograr una solución que permita a miles de profesionales acceder a una jubilación equiparable a la del resto de trabajadores del país.
