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Alcaraz: ‘La nueva ley sitúa a la Inspección de la Generalitat entre las más fuertes de España y supone el arranque del Sistema de Alertas para la prevención de malas prácticas administrativas’

El pleno de Les Corts ha dado luz verde, sin ningún voto en contra, a la nueva Ley de Inspección General de servicios y del Sistema de Alertas para la Prevención de Malas Prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, texto legal que “supone un gran paso adelante, situando a la Inspección de la Generalitat entre las más fuertes de España y dando la cobertura legal necesaria al sistema pionero de detección temprana de malas prácticas administrativas”, ha afirmado el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz.

El conseller ha destacado que se trata de un texto legal que cuenta “con la voz de muchos actores, de dentro y fuera de la Administración autonómica, recogiendo, a su vez, la experiencia de la Inspección y de los aprendizajes a través de jornadas técnicas, intercambio de experiencias con otras comunidades autónomas, además de contar con la colaboración de otras instituciones públicas y entidades de la sociedad civil”.

En este sentido, Alcaraz ha subrayado que la nueva normativa “se convierte en un elemento importante de las políticas centrales del Govern del Botànic orientadas a avanzar hacia una administración fundamentada en valores de ética pública y con unos niveles de integridad elevados”.

Los mecanismos que prevé la Ley se orientan a reforzar la lucha contra la corrupción en la Comunitat, integrando la prevención en cada proceso administrativo y en el funcionamiento ordinario de la Administración, “corrigiendo así las malas prácticas en las fases iniciales, antes de que puedan convertirse en casos de corrupción”, ha señalado el conseller.

El conseller ha destacado que el objetivo fundamental de esta ley “es fortalecer los mecanismos de control interno para contar con un marco instrumental sólido para la gestión del riesgo en las prácticas administrativas”.

En esta tarea de refuerzo de la Inspección General de Servicios de la Generalitat, se ha ido incrementando el personal, así como medios técnicos y materiales, hasta alcanzar una plantilla de 11 inspectores y 2 técnicos de soporte, personal que pronto se ampliará a un total de 15. Todo ello, ha permitido, a su vez, un aumento importante del número de actuaciones.

Inspección General de Servicios

El nuevo texto legal dota a la figura de inspector e inspectora el carácter de autoridad, dándole una posición de fuerza al vincularlo a un régimen sancionador que impida que se obstaculicen sus actuaciones y se garantice su eficacia.

Asimismo, se refuerza la autonomía funcional de la Inspección para garantizar la imparcialidad de sus investigaciones, delimitando mejor sus competencias y atribuciones, así como los principios que rigen sus actuaciones, los deberes de su personal o las consecuencias de los informes de resultados de sus actuaciones.

Por otra parte, se incrementa la rendición de cuentas de la Inspección General de Servicios, obligando a informar anualmente al Consell y a Les Corts de la gestión realizada.

Sistema de Alertas Rápidas

La ley aprobada por Les Corts regula a su vez el Sistema de Alertas Rápidas para la prevención de irregularidades y malas prácticas, que se encargará de gestionar la Inspección General de Servicios de la Generalitat.

Se trata de un conjunto de herramientas, cuya interacción posibilitará el análisis de una información que hará posible identificar los procesos administrativos susceptibles de presentar riesgo de irregularidades.

Estará integrado por datos obtenidos a partir de bases de datos, creadas y alimentadas por la administración; un sistema lógico e informáticos de procesamiento de datos; las evaluaciones, mapa de riesgos y autoevaluaciones individuales; además de informes de conclusiones y recomendaciones de cada actuación y los informes de evaluación del sistema.

Comisión Interdepartamental para la Prevención de Irregularidades

Para garantizar la transversalidad de la gestión de riesgos en el ámbito de la Generalitat, se crea la Comisión Interdepartamental para la Prevención de las Irregularidades y se establece la obligación de los centros directivos de poner en práctica medidas que faciliten la detección temprana de malas prácticas.

Además, en este texto normativo se definen las relaciones de colaboración y coordinación entre todos los órganos e instituciones de control, tanto internos como externos, necesarios para la efectividad de esta ley, como son la Intervención General de la Generalitat, el Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Cuentas, la Oficina de Control de Conflicto de Intereses y la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana.

En este sentido, se hace un énfasis especial en la inhibición de asuntos por razón de la materia en favor de estas instituciones y órganos. Se les dará traslado cuando así proceda y se pondrá a su disposición toda la información obtenida durante la actuación investigadora de la Inspección General de Servicios.

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