La junta general del Patronato de Vivienda del Ayuntamiento de Alicante ha dado luz verde este lunes a su proyecto de cuentas para 2026, que asciende a 4.124.759 euros. Esta aprobación se enmarca en el proceso iniciado por el consistorio para sancionar los presupuestos municipales del próximo año. El Partido Popular (PP) apoyó el proyecto defendiendo su gestión al frente del gobierno local, mientras que Vox optó por la abstención. Por otro lado, PSPV, Compromís y EU-Podem se opusieron, expresando críticas hacia el desempeño de los populares.
El ejecutivo municipal, mediante un comunicado, subrayó que las cuentas consolidan una inversión de 625.880 euros destinada a habilitar un edificio con 14 viviendas sociales para alquiler joven en San Gabriel. Estas se sumarán a otras 15 que estarán concluidas en El Portón, en el Casco Antiguo, antes de fin de año. El concejal de Vivienda, Carlos de Juan, reafirmó el compromiso de construir un nuevo bloque de 32 viviendas sociales en San Blas, aunque aclaró que actualmente no es posible financiar el proyecto debido a las restricciones presupuestarias impuestas por el Gobierno central, que solo permiten emplear los ahorros municipales en amortizar deuda pública.
De Juan resaltó que el Patronato Municipal de la Vivienda gestiona 746 unidades de alquiler social y 542 del programa de alquiler asequible, administrando un parque total de más de 1.285 viviendas. Para el mantenimiento de este parque, se destinarán 510.000 euros, distribuidos en varios conceptos que incluyen 130.000 euros para el mantenimiento de instalaciones y 100.000 euros para la limpieza de edificios, entre otros.
En cuanto al programa de alquiler asequible, se prevé una asignación de 406.560 euros en 2026, gestionando más de 460 propiedades de particulares. También destacó que ha habido una mejora del 2,5% en la recaudación de alquileres con respecto a 2025. Además, informó que sigue abierta la convocatoria de ayudas de 2025 al alquiler joven.
Un cruce de reproches marcó el debate en torno a las cuentas. De Juan acusó al grupo socialista de no haber impulsado viviendas sociales durante su gestión. El PSPV, por su parte, señaló que presentará enmiendas al presupuesto para revertir lo que considera un recorte en inversiones. Por su lado, Compromís calificó de escandalosa la reducción presupuestaria en medio de una emergencia habitacional, mientras que EU-Podem demandó un incremento en la inversión pública para aliviar la crisis y abogó por un plan de trabajo para normalizar la situación de la plantilla.
Desde la oposición, se mantiene que la inversión prevista es insuficiente para atender la crisis de vivienda en Alicante, demandando, entre otras acciones, que la ciudad sea declarada como “tensionada” para permitir la intervención en el mercado inmobiliario.
