La junta de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado la modificación puntual número 52 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que establece una nueva normativa para los usos de alojamiento turístico en la ciudad. Esta normativa será presentada en el pleno ordinario de diciembre para su aprobación inicial, lo que permitirá mantener la moratoria en la concesión de permisos para viviendas turísticas durante un segundo año. Según el consistorio, esto facilitará la continuación de la tramitación.
La nueva regulación limita el índice a 0,187 plazas turísticas por habitante y prohíbe nuevas plazas en zonas ya saturadas, salvo excepciones para hoteles de tres a cinco estrellas. También impide usos turísticos en plantas bajas de principales viarios comerciales y requiere acceso independiente para licencias en edificios residenciales.
El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha explicado que el objetivo es adaptar el marco urbanístico a la evolución del alojamiento turístico, que ha generado impactos en la vivienda, la convivencia vecinal, la movilidad y los servicios públicos. La normativa busca equilibrar el uso turístico con la residencia y fomentar un turismo de calidad y sostenible.
El equipo de gobierno subraya que esta modificación responde al propósito de avanzar hacia una ciudad compacta y sostenible, preservando funciones residenciales y evitando la saturación turística. También advierten que, sin criterios urbanísticos claros, el alojamiento turístico tiende a concentrarse en ciertas áreas, aumentando la presión sobre viviendas y espacios públicos.
La modificación propone una regulación uniforme que establezca límites a la carga turística, diferenciando tipos de alojamiento y condiciones según las zonas. En zonas saturadas, se mantendrán limitaciones, aunque se permitirá la apertura de hoteles de alta categoría. La prioridad es un modelo turístico de calidad que ofrezca empleo estable y atraiga turistas menos estacionales.
Se prohíbe el uso turístico en plantas bajas de ejes comerciales clave, para proteger el comercio de proximidad y mantener la cohesión social. La normativa busca garantizar que el uso turístico no sustituya al comercio esencial para los residentes. Además, los alojamientos turísticos deberán contar con accesos independientes en edificios residenciales, asegurando la tranquilidad de los vecinos y reduciendo la interacción en espacios comunes.
La administración local sostiene que estas medidas garantizarán un balance adecuado entre el uso turístico y comercial, asegurando un desarrollo urbano sostenible y respetuoso con el entorno y la comunidad.
