Alicante, 16 de julio. La Comisión de Urbanismo de Alicante ha dado luz verde a la ampliación de la moratoria en la concesión de licencias para viviendas de uso turístico. Esta ampliación incluirá a bloques de apartamentos, pensiones y albergues turísticos, y es un paso previo para que la medida sea debatida en el pleno del Ayuntamiento. La propuesta fue aprobada con los votos favorables del PP y el PSPV, mientras que Vox y Compromís optaron por la abstención.
Rocío Gómez, edil del área, subrayó que el objetivo de ampliar la moratoria es “garantizar el acceso a la vivienda para los alicantinos, equilibrar a los residentes y turistas y regular los usos comerciales”. Además, se busca asegurar que Alicante siga siendo tanto una ciudad habitable como un destino turístico atractivo. Según un comunicado del consistorio, los ajustes a la normativa municipal sobre viviendas de uso turístico (VUT) están en revisión debido a un “crecimiento exponencial” detectado en los bloques turísticos, señalado por la Conselleria de Turismo.
Con esta medida, la suspensión abarcará también nuevas licencias para obras de alojamientos turísticos en bloques de apartamentos, pensiones y albergues, extendiéndose a todo el término municipal de Alicante. La moratoria tendrá una vigencia máxima de dos años, contabilizados desde su aprobación inicial el 13 de enero de 2025.
El informe técnico de Urbanismo indica que, además de las VUT independientes, los bloques de apartamentos turísticos han proliferado en los últimos meses, generando impactos negativos. La Comisión de Urbanismo decidió ampliar la moratoria para prevenir estos impactos y permitirse el tiempo necesario para un estudio exhaustivo que regule la planificación urbana.
Desde 2021, el número de bloques turísticos ha crecido significativamente, pasando de ocho en 2018 a 83 en 2025, con un incremento de plazas de alojamiento de 573 a casi 2.400. Este aumento ha ocasionado la alteración del uso residencial en favor del turismo, dificultando así el acceso a la vivienda para la población local y provocando presión sobre los servicios y pérdidas de identidad en los barrios.
El Ayuntamiento también ha incluido a las pensiones y albergues en la moratoria, ya que podrían facilitar la evasión de las normativas actuales y fomentar la creación de bloques turísticos de forma encubierta.
El PSPV, por su parte, ha condicionado su apoyo en el pleno a que el gobierno de Luis Barcala se comprometa a encontrar soluciones para la vivienda, proteger el comercio y abordar la cuestión de los alojamientos ilegales. Trini Amorós, portavoz adjunta del PSPV, ha enfatizado la necesidad de medidas urgentes para abordar la crisis de vivienda y garantizar la seguridad jurídica de los inversores.
Rafa Mas, portavoz de Compromís, instó a la Concejalía de Urbanismo a utilizar el decreto disponible para inspeccionar y cerrar establecimientos turísticos ilegales, y a establecer tarifas más altas para los suministros de agua y basura, dado que el consumo de agua por parte de turistas es considerablemente mayor que el de los residentes locales. Mas criticó a Urbanismo por no haber actuado para afrontar la proliferación de pisos turísticos ilegales desde la última moratoria.
