La junta de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado un plan económico-financiero con el objetivo de cumplir con la regla de gasto sin realizar recortes presupuestarios, aunque no se introducirán nuevas reducciones de impuestos en 2025 y 2026. Este plan mantiene el presupuesto en 347 millones de euros e incluye una reducción del cinco por ciento en el impuesto de bienes inmuebles (IBI), tal como se había decidido en el anterior mandato.
Según se ha informado en un comunicado oficial, el plan busca compensar los 29 millones de euros excedidos sin aplicar nuevas reducciones de impuestos, incrementando los ingresos en 16 millones gracias a la nueva tasa de basuras impuesta por Moncloa, y limitando el uso de los 155 millones de euros de remanentes de tesorería al pago de deuda y operaciones pendientes.
El concejal de Hacienda, Toni Gallego, ha enfatizado que este plan se ha aprobado “sin necesidad de reducir ninguna partida presupuestaria”, asegurando que el presupuesto continúa vigente tal como estaba previsto, garantizando así todos los servicios municipales. No obstante, ha señalado que en 2025 y 2026 no se podrán aplicar nuevas bajadas de impuestos, aunque se mantiene la rebaja del 5% en el IBI.
Gallego ha criticado nuevamente la “limitación” que supone para los ayuntamientos la imposibilidad de utilizar sus ahorros debido a la aplicación de la regla de gasto decidida por Moncloa, la cual solo permite a las administraciones locales amortizar deuda y gestionar operaciones de crédito pendientes. También ha pedido al Ejecutivo central que permita el uso de estos ahorros para inversiones sostenibles a través de un decreto ley.
Por su parte, la oposición, liderada por Ana Barceló, portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, ha criticado al alcalde Luis Barcala por, según ella, trasladar a las familias alicantinas las consecuencias de su gestión económica deficiente y su incumplimiento de la regla de gasto de 2024. Barceló ha señalado que el plan económico prevé un aumento en la recaudación de impuestos en 2026, incluyendo un alza del 152% por la ORA y del 20% por el servicio de grúa, lo que compromete el compromiso previo de rebajar el IBI.
El grupo socialista también ha afirmado que el plan legislativo implica que el gobierno encabezado por Barcala deberá elaborar informes mensuales de seguimiento y control presupuestario. Silvia Castell, edil del PSPV, ha destacado que se anticipa un incremento en la recaudación del impuesto de construcciones (ICIO) a pesar de una caída de 1,6 millones de euros en el último año tras un descenso acordado con Vox en este impuesto.
Manolo Copé, portavoz de EU-Podem, ha manifestado que este plan representa “un atraco fiscal” y ha exigido su retirada y la presentación de un nuevo plan que priorice la eficiencia y la inversión social, criticando duramente al alcalde y al concejal de Hacienda. Según Copé, se están cargando los costes a las familias alicantinas, mientras mantienen lo que él considera una propaganda desmesurada, sugiriendo que si no pueden gestionar eficazmente, deberían dejar sus cargos.
