Anticorrupción reclama penas de hasta 24 años por la presunta trama de mascarillas

Miércoles, 19 de noviembre de 2025 | Redacción

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de prisión especialmente elevadas para los principales implicados en la presunta trama de contratos de mascarillas gestionada durante los primeros meses de la pandemia. El Ministerio Público considera que existió una estructura organizada orientada al enriquecimiento ilícito mediante el uso indebido de influencias y cargos públicos.

Las peticiones de pena: de 7 a 24 años de prisión

El escrito remitido al Tribunal Supremo propone 24 años de cárcel para José Luis Ábalos, exministro de Transportes, acusado de cinco delitos relacionados con la concesión de contratos sanitarios. Según Anticorrupción, actuó en connivencia con su exasesor, Koldo García, para favorecer adjudicaciones a empresas vinculadas al empresario Víctor de Aldama.

Para Koldo García, la Fiscalía solicita 19 años y medio de prisión, imputándole los mismos delitos que a Ábalos y situándole como su intermediario directo en las gestiones cuestionadas.

En el caso de Aldama, el fiscal aplica la atenuante de confesión por su colaboración en otra causa vinculada y pide una pena de 7 años de cárcel, además de multas millonarias para los tres acusados.

Una estructura con vocación de continuidad

Anticorrupción sostiene que los tres investigados actuaron coordinados durante años para facilitar adjudicaciones de contratos públicos, especialmente durante la situación de emergencia sanitaria. El organismo asegura que el engranaje funcionaba gracias a la influencia política de Ábalos, la intermediación directa de Koldo y la captación de empresas interesadas por parte de Aldama.

El escrito también menciona pagos periódicos y otras compensaciones económicas como parte del presunto beneficio obtenido por la red, así como la existencia de una organización “estable, permanente y orientada al lucro”.

Multas e indemnizaciones económicas

Además de las penas de prisión, la Fiscalía pide que los acusados devuelvan las cantidades que considera indebidamente obtenidas, así como que indemnicen a organismos públicos afectados por los contratos cuestionados. Entre las cifras reclamadas se incluyen más de 430.000 euros en concepto de ganancias procedentes del cohecho.

La causa queda ahora a la espera de la celebración del juicio en el Tribunal Supremo, donde se dilucidará la responsabilidad penal de los investigados.

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