El juicio contra seis personas acusadas por la Fiscalía de pertenecer a una secta liderada por un hombre que presuntamente sometía a sus seguidores a terapias curativas basadas en ritos sexuales ha sido aplazado en la Audiencia Provincial de Castellón. La decisión de alargar el proceso, inicialmente previsto para este martes, responde a la significativa cantidad de testigos y peritos que deben testificar.
El fiscal solicitó el aplazamiento debido a que se espera que las declaraciones se extiendan por la presencia de 55 testigos y 25 informes de forenses. Esta solicitud fue respaldada por todas las partes involucradas, y el Ministerio Público propuso extender las sesiones a 20 días, lo que requiere una nueva fecha para el juicio.
Las seis personas, compuestas por cinco mujeres y un hombre, enfrentan penas que van desde los 16 hasta los 76 años de cárcel por nueve delitos de abuso sexual, seis de ellos contra menores, y uno de asociación ilícita.
Según las conclusiones provisionales presentadas por el Ministerio Público, los acusados formaban parte de un grupo pseudo-religioso y sectario bajo el mando de un líder, fallecido el 15 de mayo de 2002 mientras estaba en prisión provisional. Se le atribuían poderes especiales, supuestamente aprovechándose de la abducción psicológica de sus seguidores para satisfacer sus deseos de control y sexuales.
La comunidad comenzó su formación en 1990, cuando el líder, junto a su esposa —una de las acusadas—, ofrecía terapias espirituales y sanadoras de manera privada en Castellón. La mayoría de los asistentes eran mujeres con preocupaciones o problemas de salud.
Estas sesiones, que incluían una ‘imposición de manos’, prometían la curación física de enfermedades mediante supuestas terapias y ritos sexuales. Con el aumento de seguidores, el grupo se trasladó a Vistabella del Maestrat, donde se estableció en un inmueble de más de 700 metros cuadrados. Allí, el líder continuó con los rituales, con el conocimiento y apoyo de parte de la comunidad, especialmente de cuatro acusados. A las mujeres se les asignaban tareas domésticas, mientras que los hombres se encargaban de mantenimiento y obras. Aquellos que desobedecían eran castigados con humillaciones públicas.
Según el fiscal, el líder, con la intención de corromper a los menores para sus deseos lujuriosos, organizaba ‘escuelas’ donde los introducía a la actividad sexual usando videos y fotos pornográficas, manteniendo encuentros sexuales con las menores.
El Ministerio Público señala que las cinco acusadas desempeñaron un rol esencial para los encuentros del líder con menores, debido a sus limitaciones físicas por diversas enfermedades y movilidad reducida.
El fiscal concluye que los seis acusados formaban parte de una agrupación que, bajo una fachada pseudo-religiosa, buscaba reclutar miembros para satisfacer los fines sexuales del líder con menores de edad.
