Las principales asociaciones de jueces y fiscales han enviado un escrito al Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la autoridad laboral, en el que comunican oficialmente la convocatoria de huelga indefinida en ambas carreras a partir de las doce de la noche del 16 de mayo. La decisión se ampara en su derecho fundamental recogido por la Constitución.
En el comunicado, los presidentes de las asociaciones explican que la convocatoria afectará a todo el territorio nacional y describen los motivos para la convocatoria. Señalan la necesidad de una actualización y adecuación retributiva razonable, tanto por la pérdida de poder adquisitivo que vienen arrastrando desde 2009, como por la complejidad cada vez mayor de su labor. También se refieren a las carencias en las plantas judicial y fiscal y consideran imprescindible la creación de juzgados y la convocatoria de oposiciones de acceso a los cuerpos de la Carrera Judicial y Fiscal, con un número sustancialmente superior al de los últimos años.
El comunicado también hace referencia a la falta de respuesta del Ministerio de Justicia a las reivindicaciones del colectivo, pese a que han mantenido sucesivas reuniones desde febrero de 2022, dirigidas a que se convoque la Mesa de Retribuciones, el único órgano habilitado por ley para tratar sobre los salarios del colectivo. Los jueces y fiscales han estado reclamando cambios durante décadas y la Mesa ha sido ineficaz en los últimos 20 años, sin que se haya formulado ninguna propuesta retributiva desde ella.
Además, las asociaciones reclaman que el Consejo fije servicios mínimos en los diferentes órdenes, que sean generales para todos los territorios, concretos y proporcionales. En el servicio de guardia, la actuación se limitará a las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables, como adopción de medidas cautelares urgentes, levantamiento de cadáver y entradas y registros. Los juicios inmediatos de delitos leves y los juicios rápidos por delito sin detenido no se consideran servicios mínimos de guardia. En los órdenes penal, contencioso, civil y social, reclaman servicios mínimos en aquellos casos en los que se den causas con preso o se afecte a derechos fundamentales.
En los Juzgados de Familia, piden limitarse a medidas provisionales con hijos menores o personas con discapacidad, internamientos involuntarios, sustracción de menores, ejecución de medidas de protección de niños y actuaciones que impliquen la intervención personal de menores o personas con discapacidad que no puedan suspender con antelación, entre otros.
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