AUGC denuncia por posible delito de enaltecimiento del terrorismo al rapero que pidió a su público “matad a un puto guardia civil esta noche”

CfakepathValtonycjpg_EDIIMA20170509_0662_29AUGC denuncia por posible delito de enaltecimiento del terrorismo al rapero que pidió a su público “matad a un puto guardia civil esta noche” y “poned una puta bomba al fiscal de una vez”

Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles ultiman la presentación de una denuncia, la cual quedará presentada en las próximas horas, contra el rapero Valtonyc por un posible delito de enaltecimiento del terrorismo, tras conocerse a través de un vídeo cómo se dirigió al público de uno de sus conciertos pidiendo que se saliese “a matar a un puto guardia civil” y que se pusiera “una puta bomba al fiscal de una vez”.

 

Más allá de las acciones judiciales que AUGC emprenderá respecto a este rapero, que en breve ingresará en prisión por un delito anterior de enaltecimiento del terrorismo e injurias graves a la Corona en las letras de sus canciones, para la asociación mayoritaria de la Guardia Civil resulta inadmisible que se produzcan este tipo de manifestaciones públicas, que traspasan el límite de la libertad de expresión y no corresponden a ninguna letra de una de sus canciones, contra los guardias civiles por el hecho de ejercer una determinada profesión, en este caso la que tiene como esencia la protección de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes, y por el que tanto nos valoran la ciudadanía en general.

 

Desde AUGC confiamos, por tanto, en que la justicia actúe como corresponde en un Estado de derecho y el procedimiento judicial dirime, con la correspondiente presunción de inocencia a la que todo ciudadano tiene derecho, si ha existido este posible delito de enaltecimiento del terrorismo.

 

Llamada a la reflexión

 

Como guardias civiles y ciudadanos observamos igualmente con creciente preocupación la polarización que se está produciendo en buena parte de la sociedad española. Que alguien desde un escenario inste a su público a cometer atentados o a asesinar a un trabajador por el mero hecho de vestir un uniforme es algo que debería hacernos reflexionar, al igual que las cada vez más frecuentes agresiones que sufren los trabajadores de la seguridad pública.

 

En este sentido no es necesario recordar el acoso que sufren los compañeros destinados en Cataluña, una situación que, como sabemos, se ha extendido a sus familias e incluso a sus hijos menores de edad. Tampoco podemos olvidar la situación en la que viven todavía los guardias civiles que trabajan en el País Vasco y Navarra. La agresión sufrida en Alsasua por parte de dos agentes y sus parejas en octubre de 2016, y por la que AUGC está personada como acusación particular, no es sino la consecuencia más visible de ese odio bajo el que muchos guardias civiles tienen que trabajar en esas comunidades.

 

A ello debemos sumar otras situaciones como la que se vive en el área de Campo de Gibraltar como consecuencia de la violencia del narcotráfico. Allí también han sido agredidos los guardias civiles.

 

Para AUGC, la repetición y frecuencia de estos sucesos en distintos puntos de España no es algo que pueda obviarse o considerarse como casos aislados, sino que nos exige una reflexión profunda como sociedad democrática.

 

Por tanto, es deseable abrir el debate para el endurecimiento de la legislación vigente en relación a los ataques y agresiones contra agentes de la autoridad. No es de recibo que salga más caro no pagar una multa de tráfico que agredir a un guardia civil. Esto conlleva a la desprotección de quienes, paradójicamente, han de proteger a todos los ciudadanos.

 

Con más de 31.000 afiliados, AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).

 

 

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