Las delegaciones canarias de la Asociación Unificada de Guardias Civiles consideran que la Dirección General de este cuerpo de seguridad deberá aumentar las plantillas en los principales aeropuertos del archipiélago cinco o seis veces respecto a las actuales para afrontar con garantías la entrada en vigor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que representa que habrá que ejercer un mayor control sobre los ciudadanos que lleguen a las islas desde el citado país.
Cabe recordar que el control de pasaportes (que corresponde a la Policía Nacional) y el de equipajes (competencia de la Guardia Civil) por el brexit entrará en vigor a partir del próximo 1 de octubre, por lo que las administraciones deberían planificar las acciones adecuadas antes de generar excesivos retrasos y colapsos en los aeródromos de las Islas, si vuelve a retomarse la actividad turística previa al covid-19.
El secretario general provincial de la AUGC en la provincia de Las Palmas, Juan Couce, explica que, además, en estos momentos se parte de un déficit importante de agentes en las terminales con más tráfico de la Comunidad Autónoma. Por ejemplo, el aeropuerto de Gando, en Gran Canaria, que ocupa el quinto lugar en volumen de pasajeros y mercancías de toda España, pero tiene la misma cantidad de agentes que había en 1990. Por ello, y a pesar de la aplicación de elementos tecnológicos, resulta necesaria incrementar la presencia de funcionarios del cuerpo de seguridad.
Para AUGC, de la decena de aeropuertos con mayor volumen de actividad de todo el país, la mitad de ellos son canarios: el de Gran Canaria, Tenerife Sur, Tenerife Norte, Lanzarote y Fuerteventura. En el caso de Gando, en estos momentos, menos de una veintena de guardias civiles deben controlar a todos los pasajeros y mercancías que llegan del exterior de la Unión
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Europea, según Couce, que matiza que se trata de los mismos profesionales que posee el aeropuerto de Almería para esa función, que ocupa el lugar 35 en actividad de toda España.
AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).
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