Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valencia estudian todas las posibilidades jurídicas que caben tras conocer la decisión de la Audiencia Nacional (AN) de avalar la Orden del Ministerio de Cultura de 2009 que paralizaba la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal-Canyamelar y decretaba la suspensión de los derribos en la zona afectada, según fuentes del consistorio.
Ahora se analiza la sentencia conocida está tarde, 5 de julio, dictada por la sección séptima de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, para sopesar las posibilidades de recurso y poder hacer público este viernes un pronunciamiento.
La Audiencia ha desestimado los recursos interpuestos por el ayuntamiento y la Generalitat Valenciana contra esta Orden del Gobierno anterior, bajo mandato del PSOE, que ya fue avalada hace unos meses por el Tribunal Supremo (TS).
El origen de los hechos se remonta al 29 de diciembre de 2009, cuando el Ministerio de Cultura dictó una Orden en la que declaraba que el PEPRI suponía la expoliación del conjunto histórico del Cabanyal, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de conjunto histórico y suspendía de forma inmediata su ejecución hasta que se adaptara y garantizara la protección de los valores de este conjunto.
Esta orden supone la paralización de los derribos en El Cabanyal para acometer la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar.
VLCCiudad/Redacción
