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Bravo apoya el acuerdo para facilitar la movilidad entre administraciones de las empleadas víctimas de violencia de género

La consellera de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha dado su apoyo, en el seno de la conferencia sectorial de Administración Pública que se ha celebrado este lunes en Madrid, a la firma del acuerdo global entre todas las administraciones para facilitar la movilidad y el cambio de residencia de las empleadas que sean víctimas de violencia de género.

Un documento que pretende se facilite la movilidad de las empleadas públicas con todas las garantías para que durante este proceso no suponga merma de su salario, ni perjuicio alguno para su carrera profesional en términos de antigüedad u otros complementos.

La consellera ha recordado que la Generalitat ha sido pionera y ya aplica una medida prácticamente idéntica a la propuesta por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública que surgió del Acuerdo de Legislatura firmado con los sindicatos representados en la Mesa General de Negociación en 2016.

El acuerdo valenciano se concretó en un Protocolo de actuación en la Administración de la Generalitat para los procedimientos de movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género y posteriormente con la firma del Convenio de mobilidad interadministrativa con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, en octubre de 2017. Hasta el momento 16 ayuntamientos de la Comunitat, una mancomunidad y las Diputaciones de València y Castellón han firmado este acuerdo.

Las actuaciones, además, fueron recogidas en una guía que se ha puesto a disposición de las interesadas e interesados y que puede encontrarse
en este enlace

La consellera, Gabriela Bravo, ha asegurado que el Acuerdo estatal debe servir “como marco general de colaboración, coordinación y comunicación entre todas las administraciones públicas” de forma que se permita que una trabajadora pueda trasladar su puesto de trabajo a otra localidad y a otra administración en el caso de que exista algún tipo de riesgo para su integridad.

La situación de peligro se acreditará, según se recoge en el documento, mediante cualquier resolución judicial, informe del Ministerio Fiscal o de los servicios sociales que reconozca -aunque solo sea de manera indiciaria- la existencia de un acto de violencia sobre la mujer.

En este sentido, Bravo ha asegurado que se trata “de asegurar el derecho al traslado laboral cuando la víctima de violencia de género acredite que se ve obligada a abandonar su puesto de trabajo habitual para asegurar su protección o asistencia integral”.

El acuerdo estatal concreta que la incorporación al nuevo destino deberá realizarse en el plazo más breve posible: tres días hábiles si no supone cambio de lugar de residencia y entre ocho días y un mes en caso de que sí lo comporte.

El traslado por violencia de género tendrá la consideración de traslado forzoso, por lo que los gastos e indemnizaciones que, en su caso, correspondan a la empleada pública, correrán a cargo de la administración de origen. El documento estatal incorpora, a sugerencia de la Dirección General de Función Publica valenciana un mecanismo de compensación que pagará la administración de origen en caso de que se produzca una perdida retributiva por parte de la funcionaria con el fin de evitar situaciones desfavorables para la víctima.

Por parte de la Administración se protegerá en todo momento la intimidad de las funcionarias durante todo el proceso y mientras se mantenga su situación de víctima de violencia de género.

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