a delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha asegurado este lunes que no valora decisiones políticas de otros países, en relación al anuncio de Marruecos de que no aceptará traslados desde puertos españoles, por lo que este año tampoco habrá Operación Paso del Estrecho, pero ha señalado que, en todo caso, “estamos preparados, coordinados y listos para si se hace” hacia Argelia. En esta línea, desde Delegación del Gobierno han expresado su respeto por la decisión marroquí, que enmarca en el contexto de la pandemia de covid.
Así lo ha manifestado Calero en declaraciones facilitadas a los medios, en las que asegura que la Delegación del Gobierno, junto con el Ministerio de Interior, están “preparados” y “coordinados, como no podía ser de otra forma” para llevar a cabo esta operación, en la que “ya hay mucha experiencia”.
De hecho, ha apuntado que el Puerto de Alicante “lleva muchísimos años haciéndola”, por lo que desde el área que dirige están “a disposición de que el Ministerio diga adelante” y “coordinados y preparados por si se hace la Operación”.
En esta línea, desde Delegación de Gobierno indican que la decisión se produce en un contexto de pandemia en la que se debe extremar la máxima seguridad y subrayan que no existe “ningún elemento que permita aventurar otros motivos que no sean los sanitarios”, teniendo en cuenta además que la decisión tiene un
“impacto relevante” para Marruecos y sus ciudadanos.
Por tanto, el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno mantienen preparados el diseño y los protocolos pertinentes para aplicarlos en caso de que sí se produzcan movimientos de
personas hacia Argelia, que en años anteriores representaron en torno al 10 por ciento de los flujos de la Operación Paso del Estrecho, con especial incidencia en los puertos de Almería, Alicante y Valencia.
La edición de 2019, la 32, supuso para España movimientos de 3.340.045 pasajeros y 760.215 vehículos entre las salidas y entradas
hacia y desde Marruecos y Argelia. Por parte española participaron más de 21.000 funcionarios pertenecientes a numerosos organismos nacionales –Departamentos ministeriales, CCAA, ayuntamientos, autoridades portuarias y otras instituciones–, lo que supone un elevado coste para el erario público.
