Caturla niega irregularidades en adjudicaciones de Ciegsa y descarga en los técnicos la responsabilidad de las obras

 

   VALÈNCIA,    Máximo Caturla, ex secretario autonómico de Educación, ha negado ante el juez cualquier tipo de irregularidad en adjudicaciones a empresas para la construcción de colegios en la Comunitat Valenciana y ha descargado en los técnicos la responsabilidad de las decisiones y trabajos realizados, según ha podido saber Europa Press.

Caturla estaba citado a declarar este viernes en el Juzgado de Instrucción número 18 de València por la nueva pieza del caso Imelsa en la que se investiga el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de la empresa pública de construcción de centros educativos Ciegsa.

El exsecretario de Educación ha llegado a la Ciudad de la Justicia pasadas las 10.30 horas junto a su abogado y ha manifestado que no quería hacer ningún tipo de declaración. Ha comentado que lo que tenía que decir se lo indicaría al juez. Este viernes también estaba citado en el juzgado Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública, pero su comparecencia se ha vuelto a aplazar una vez más.

Caturla, durante su declaración, ha asegurado que no recordaba muchas cosas, ha negado irregularidades en adjudicaciones y ha afirmado que no ha cobrado ni una comisión por nada. Asimismo, ha subrayado que ningún político le ordenó cualquier adjudicación. “Nadie me ordenó nada”, ha dicho.

Además, ha insistido en que todas las adjudicaciones y trabajos realizados eran correctos y pasaban por la supervisión de los técnicos, que daban el visto bueno para ejecutarlos.

LA NUEVA PIEZA

Junto a Caturla y Benavent, en esta pieza de Imelsa tienen la condición de investigados por cohecho, prevaricación y malversación el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus; cuatro técnicos de Ciegsa y los responsables de mercantiles adjudicatarias Cleop, BM3 y Dragados.

En esta pieza el juez investiga la adjudicación de contratos sin respetar los principios de legalidad, concurrencia efectiva, imparcialidad y proscripción de la arbitrariedad con la finalidad de favorecer contractualmente a determinadas empresas en la adjudicación de obra pública a cambio de comisión o dádiva.

Esas irregularidades en la contratación entre 2003 y 2007 podrían tener una “finalidad de lucro que podría tener su origen o propósito en la financiación de un determinado partido político o alternativa o conjuntamente a ello, en el propio lucro personal, ya confesado por el principal investigado en esta causa”, Marcos Benavent, según exponía el juez en su auto.

Respecto de los técnicos, el juez investiga si pudieran haber colaborado dando una cobertura de aparente legalidad a decisiones que venían a estar establecidas arbitrariamente y de antemano, y si justificaron sobrecostes sobre una base ficticia o carentes de verdadera justificación para obtener más financiación o compensar económicamente a las empresas que pagaban comisiones con el consiguiente perjuicio económico para el erario público de la Generalitat.

El informe policial recoge indicios delictivos respecto a las siguientes obras o adjudicaciones: IES número 4 de Torrevieja, adjudicado a Cleop; IES Llosa de Ranes e IES Xirivella; IES El Cabanyal, adjudicado a BM3; CEIP número 5 de Burriana, a la UTE BM3-Dragados; y CEIP 7 de Santa Pola a otra UTE de las mismas empresas.

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