**Intensifican medidas contra apartamentos turísticos ilegales en Valencia: más de 1.000 cerrados en 18 meses**
Valencia ha intensificado su lucha contra los apartamentos turísticos ilegales, clausurando más de 1.000 en el último año y medio, gracias a la acción conjunta de los departamentos de Urbanismo y Policía Local. La actual administración municipal ha implementado una moratoria en la emisión de nuevas licencias para viviendas de uso turístico, a la espera de una normativa más restrictiva que aspire a ser la más rígida de España.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha instado al Gobierno central a establecer una ventanilla única para el registro de estos apartamentos, criticando que la medida del Ministerio de Consumo de restringir la publicidad engañosa llega tarde, pero valorándola de positiva. Catalá ha destacado que el problema trasciende a otras grandes urbes españolas y ha reclamado sistemas informáticos para vigilar y retirar la publicidad de apartamentos ilegales, esenciales para la eficacia de las inspecciones municipales.
En términos de ejecución, se han incrementado las inspecciones y se han expedido órdenes de cese de actividad que han resultado en el cierre de más de 1.000 apartamentos ilegales. La alcaldesa ha subrayado que se están atacando las repercusiones sociales de estos alojamientos con acciones decididas y que se está trabajando en una normativa que ofrezca seguridad jurídica para contener su proliferación.
Catalá también ha criticado la falta de acción de los gobiernos anteriores y ha indicado que se han puesto en marcha cinco grupos de inspectores de Obras y Licencias de Urbanismo y siete grupos de Policía Local dedicados a rastrear la actividad ilegal de estos apartamentos. La Policía Local, a través de la División Territorial, ha realizado más de 700 inspecciones, principalmente debido a la falta de acreditación para operar, reflejando un aumento significativo frente a las 84 denuncias de 2023 y las 73 de 2022.
Se ha desarrollado un protocolo de acción conjunta entre la Policía y el Servicio de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento para verificar denuncias. Cuando se constata la ilegalidad de una vivienda, se elabora un acta de denuncia y se identifica al propietario.
Desde 2015, con la llegada al poder del gobierno municipal de Ribó y el PSOE, se registró un auge en la inscripción de apartamentos turísticos, alcanzando más de 4.500 inscripciones hasta 2023. Además, en 2018, este gobierno modificó el planeamiento urbanístico para permitir la habilitación de apartamentos turísticos en locales comerciales, un uso previamente prohibido.
