Cinco asociaciones de jueces y fiscales exigen al Gobierno que asuma defensa del magistrado Llarena en Bélgica

descarga (45)Cinco asociaciones de jueces y fiscales han exigido al Gobierno, a través de un comunicado “en defensa de la soberanía jurisdiccional de España”, que asuma la defensa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante la justicia belga. En la misma nota han acusado al Ejecutivo de “dejación de funciones”.

La nota -publicada este viernes por la noche- está firmada por la asociación mayoritaria -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece el juez Llarena-, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, señala Efe. Las únicas que no han firmado son las progresistas Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), según señala Europa Press.

El comunicado se ha hecho público después de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, asegurase este viernes tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo defenderá la jurisdicción de España en la demanda civil contra Llarena en Bélgica, pero afirmara que el amparo legal y el apoyo al juez le corresponde al propio Poder Judicial.

Demanda de Puigdemont y cuatro exconsejeros a Llarena

Los investigados por el ‘procés’ huidos de la justicia española -entre ellos, Carles Puigdemont- piden que se condene a Llarena a indemnizarles con un euro de forma simbólica por su imparcialidad y utilizan como argumento unas manifestaciones que el magistrado del Tribunal Supremo español realizó tras asistir a una conferencia en Oviedo el pasado mes de febrero. En dicho acto señaló que en la causa “no hay presos políticos”.

El informe elaborado por la Abogacía del Estado sobre la forma de actuar ante la demanda civil en Bélgica contra Llarena, defiende que concurren los requisitos para que España se persone en dicho procedimiento sin los reparos añadidos por el Ministerio de Justicia, que condiciona dicha personación a los términos en los que resulte admitida la demanda.

El Ministerio de Justicia anunció este jueves que los Servicios Jurídicos del Estado defenderían la soberanía de la jurisdicción de los tribunales españoles ante la justicia belga pero que “en ningún caso” ello debía entenderse como una defensa personal del magistrado del alto tribunal por “actos privados que se le atribuyen” en la demanda.

“Es una clara dejación de funciones por parte del Gobierno de España”

Los jueces y fiscales que han firmado el documento, recogido por Efe, aseguran que “el Ministerio ofrece reparos a las conclusiones del Servicio Jurídico del Estado, y condiciona la personación ante la justicia belga a los términos en los que resulte admitida la demanda”.

Los firmantes, además de mostrar su “estupor ante un proceso judicial como el iniciado en los tribunales belgas“, defienden la integridad de los jueces españoles, la independencia del poder judicial y la inmunidad de la jurisdicción española, que no puede ser fiscalizada -directa o indirectamente- por los tribunales de un país extranjero “valiéndose además de cauces que incurren en claro fraude de ley”.

“Las asociaciones judiciales y fiscales mencionadas quieren expresar, en primer lugar, su sorpresa ante lo que solo puede calificarse -en este caso- como una clara dejación de funciones por parte del Gobierno de España“, agrega el comunicado.

Recuerdan que “en el informe de la Abogacía del Estado de hace tan sólo unos días se entendió que concurrían los requisitos contemplados en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado para que España, a través del Ministerio de Justicia, se personase ante los juzgados y tribunales belgas en este asunto”.

Las asociaciones dicen que el Gobierno o desconoce los trámites o no quiere hacer nada

“La afirmación de que si la jurisdicción española ‘si se ve cuestionada por la actuación del tribunal de instancia de Bruselas que tramita dicha demanda, el Gobierno actuará en la medida proporcional y adecuada para proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España’, solo se entiende desde el desconocimiento absoluto de los trámites procesales, o peor aún, desde el propósito de no hacer nada”, explican los firmantes.

En este sentido, los firmantes explican que “el ordenamiento belga exige que, previamente a la vista que resuelva sobre la admisión o inadmisión de la demanda, se aleguen -previa personación- las cuestiones que pudieran obstar para la admisibilidad, en particular las de carácter procesal como la inmunidad jurisdiccional o la falta de jurisdicción-, de manera que, si no se invocan con antelación, una vez iniciada la vista -y admitida, en su caso, la demanda- ya no podrán ser alegadas”.

Recuerdan que fuentes oficiales del Gobierno belga comunicaron al Gobierno que “la inmunidad debe invocarse ante el tribunal” porque “no hay garantía de que el juez invoque la inmunidad de España automáticamente”, y recomendaron a España “asegurar la defensa de su inmunidad in limine litis ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas”.

“Si España -dijeron las fuentes belgas, según la nota de los jueces y fiscales españoles- no se presentara ante el tribunal, este tribunal podrá considerar que España renuncia a su inmunidad jurisdiccional“. Añade el comunicado que “tampoco cabe entender improcedente la defensa por parte del Estado español del magistrado sr. Llarena ante acciones legales

Instan a Justicia a defender la jurisdicción española de forma “clara y abierta”

“Un mínimo conocimiento del conjunto de iniciativas desarrolladas a lo largo del sumario instruido ante el Tribunal Supremo contra los demandantes fugados evidencia sin reservas o hipotéticos matices, que se intenta solamente desautorizar por medios muy diversos la actuación del instructor, y a través de este cauce, no se persigue otra cosa que desautorizar el propio proceso en su conjunto”, afirman las asociaciones.

“Instamos del Ministerio de Justicia, una clara y abierta defensa de la jurisdicción española, sin reparos como los que ha expuesto, y que dé cumplimiento a las medidas que se la han solicitado desde el CGPJ al estimar la petición de amparo promovida por el magistrado instructor, mediante la inmediata personación en el procedimiento, exigiendo que se asuma, en la forma que resulte oportuna, la defensa del magistrado afectado, que no es otra cosa que defender a la justicia española en su conjunto”, consideran.

Asimismo solicitan del CGPJ que “se adopten las medidas necesarias para materializar la declaración de amparo que realizó en defensa de la independencia del Magistrado D. Pablo Llanera, al amparo de los arts. 117 122.2 CE y el art. 14 LOPJ, asegurando la defensa del referido Magistrado en caso de inacción del Gobierno”.

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