Los consejeros de Hacienda de la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia han criticado al Gobierno central por mantener una “negociación bilateral” del modelo de financiación autonómica con Cataluña, en lugar de promover un diálogo “multilateral” entre las distintas comunidades autónomas. Estas declaraciones se realizaron durante su participación en las XII Jornadas RIFDE y del IVIE de Finanzas Autonómicas, centradas en analizar si las trayectorias de gasto son sostenibles.
Los responsables autonómicos enfatizaron la necesidad de debatir sobre el gasto sostenible y la responsabilidad ante las normas europeas, considerando los desafíos para mantener los servicios esenciales como la sanidad. Subrayaron la importancia de asegurar ingresos suficientes para sustentar el sistema público.
Ruth Merino, consellera de la Comunitat Valenciana, criticó la demora del Gobierno español en adaptar la normativa nacional a las reglas de gasto europeas, y destacó la necesidad de realizar una reforma del sistema de financiación de manera multilateral. Se mostró escéptica respecto a las promesas de reforma del sistema de financiación autonómica, citando precedentes y la falta de apoyo como factores que dificultan cualquier avance.
Por su parte, Luis Alberto Marín de Murcia denunció la “situación injusta” que vive su comunidad, junto con la Comunitat Valenciana, en el sistema de financiación vigente desde hace 15 años, calificando de “inaceptable” la propuesta del Gobierno central. Marín también criticó el principio de ordinalidad y enfatizó que el diálogo y las reformas deben ser multilateralmente discutidos.
Desde Galicia, Miguel Corgos resaltó la importancia de transponer las reglas de gasto europeas a la normativa nacional, advirtiendo que de ello depende la calidad de los servicios públicos. Subrayó que la falta de un debate previo sobre los niveles de gasto tras el COVID dificulta la adecuación a las nuevas reglas.
En síntesis, los consejeros acordaron que cualquier reforma del sistema de financiación debe ser discutida de manera conjunta por todas las comunidades autónomas, rechazando cualquier acuerdo unilateral.
