CCOO PV, UGT-PV, CSI-F, ,SUP, AUGCUFP y UGC se han concentrado a las 11 horas de esta mañana en la Delegación de Gobierno en protesta contra la Ley de Seguridad Privada para reclamar que la seguridad ciudadana siga siendo responsabilidad pública.
La norma incrementa la capacidad de las empresas de seguridad para poder llevar adelante actividades de vigilancia y patrullaje en los eventos y espacios públicos
El acto se enmarca en la campaña de protesta contra la nueva Ley de Seguridad Privada, a la que se han sumado todas las organizaciones convocantes.
Las organizaciones sindicales han anunciado que seguirán realizando asambleas informativas, requerimientos y protestas de rechazo a una norma que incrementa la capacidad de las empresas de seguridad privada en el ejercicio de una responsabilidad que corresponde a los poderes públicos.
La nueva norma, que sustituirá a la actual, en vigor desde el año 92, se ha tramitado mediante la fórmula más rápida y ya está en la fase final de tramitación, pero está pasando desapercibida, pese a ser el complemento indispensable del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza).
La previsiblemente rápida entrada en vigor de la nueva ley supondría “un paso ideológico de la actual subordinación de las empresas privadas a la corresponsabilidad con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”, denuncian.
Julio Conesa, coordinador del sector de Administración Local de CCOO PV advirtió del error de considerar la Ley de Seguridad Privada un mal menor o con consecuencias exclusivamente corporativas. “El negocio está la seguridad pública, por eso Microsoft ha comprado recientemente acciones de PROSEGUR, y de ahí la defensa a ultranza del Ministro del Interior de la necesidad de abrir el campo a la intervención privada”. Abrir el negocio a la empresa privada implica retirar funcionarios públicos Según han denunciado, en los próximos cinco años desaparecerán de las calles más de 12.000 efectivos sólo en el Cuerpo Nacional de Policía.
Paralelamente se está provocando la reducción progresiva de efectivos de la Guardia Civil mediante la no cobertura de vacantes ni reposición de las 2.500 jubilaciones anuales. En concreto en el País Valenciano, de 542 municipios, sólo 158 tienen la obligación de contar con Policía Local. En virtud de la nueva norma, el 36,29% de nuestros municipios podrían extinguir el servicio y contratar con empresas privadas la seguridad puntual que prevean van a necesitar, por lo que la seguridad de la población quedaría gravemente restringida. Según los cálculos de las organizaciones sindicales, estaríamos hablando de la supresión del servicio público en 90 localidades como Villar del Arzobispo, Albuixech, Navarrés, etc.
Las empresas privadas de seguridad asumirán el 80% de las funciones que corresponden a una policía administrativa: infracciones administrativas, sanciones.. no sólo en el ámbito local, sino con previsión de asumir tareas de la policía autonómica.
Las posibilidades de privatización de un derecho constitucional a la seguridad pública se multiplicarán por efecto de la desaparición de los servicios municipales provocados por Reforma de la Administración Local. “Protestamos contra un modo de hacer política que restringe lo público para que nadie les controle y poner el País a disposición de las empresas más rentables” concluyen. España tiene el menor índice de criminalidad de Europa y la mayor cobertura de la seguridad pública mediante funcionarios de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Nuestra Constitución estipula que quien garantiza el libre ejercicio de derechos y libertades de la ciudadanía son los CFSE, por lo que la Ley de Seguridad Ciudadana va en detrimento de la calidad democrática, y supondrá un desembolso económico totalmente iunnecesario. Los sindicatos advierten de la vuelta a una visión mercantilista del derecho a la seguridad sin los requisitos constitucionales básicos (independencia, calidad, no arbitrariedad ) que provocará previsibles detenciones de agentes de la seguridad por parte de las cuerpos del Estado.
A su juicio asistimos a un cambio de filosofía nunca visto desde que vivimos en democracia: obligar a los estamentos públicos a contratar seguridad privada y a la ciudadanía a someterse a intereses mercantilistas. También han denunciado la apertura de un conflicto permanente entre los CFSE y los intereses de las empresas, que no entre los trabajadores.
Los agentes de seguridad privada ya se han manifestado incapaces de asumir la responsabilidad que les otorga la Ley con la formación de que disponen en 180 horas de curso, sin reciclaje ni servicio permanente y exclusivo. La ciudadanía pierde cada día a funcionarios españoles que han aprobado una oposición y han realizado 2 años de academia, sujetos a reciclaje permanente y a la incompatibilidad con otros trabajos, para comprar agentes de seguridad incluso extracomunitarios, que sólo necesitarán aprobar un examen y que podrán llevar incluso armas largas.
