Generalitat y Ayuntamiento de Valencia destinan 5,5 millones de fondos europeos a Aumsa para el desarrollo de 113 viviendas de alquiler social
La Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda para destinar 5.501.144 euros, provenientes de fondos europeos Next Generation gestionados por la Comunidad Valenciana, a la construcción de 113 viviendas para alquiler asequible mediante Aumsa, la empresa pública vinculada a la Concejalía de Urbanismo en Valencia.
Estos tres proyectos, impulsados por el consistorio a través de Aumsa y en colaboración con la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, implican una inversión total de 21.732.903 euros, según informaron ambas administraciones. Estas acciones se enmarcan dentro de la convocatoria de ayudas a entidades locales para la construcción de viviendas en alquiler social, en edificios energéticamente eficientes, bajo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021-2026, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.
La colaboración entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, junto con el acuerdo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha facilitado que Aumsa reciba una subvención de 5,5 millones de euros, representando el 25,31% de la inversión total.
El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, destacó que “este acuerdo responde a la necesidad urgente de vivienda asequible en la ciudad de Valencia, donde su acceso se ha convertido en uno de los grandes problemas para la ciudadanía”. Fernández subrayó que el Consell pone a disposición todos los recursos posibles para ampliar la oferta tanto en Valencia como en otros municipios de la Comunidad Valenciana, reconociendo que la falta de vivienda es un desafío difícil de superar para muchas familias.
Juan Giner, concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Valencia y presidente de Aumsa, afirmó que “este tipo de acuerdos demuestran que la política de vivienda es una de las grandes prioridades y que se desarrollan iniciativas para que el Plan + Vivienda, que implica la construcción de 1000 viviendas de protección pública, se haga realidad al final de esta legislatura”.
Hasta ahora, el Consell ha adjudicado dos proyectos en la ciudad para la construcción de 104 viviendas de alquiler asequible mediante la concesión de derecho de superficie sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento, así como 61 viviendas de protección oficial, a través de un concurso de permuta. Con esta nueva iniciativa, se construirán 113 viviendas más, con una asignación de hasta 50.000 euros por inmueble de los fondos Next Generation.
Desde el inicio de la legislatura, el Consell ha adquirido en Valencia 124 viviendas para el parque público de la Generalitat y ha completado 184 viviendas más en el barrio de La Torre, destinadas a alquiler asequible, que se adjudicarán pronto. La cooperación entre la administración autonómica y la local ha permitido lanzar estas iniciativas para incrementar en cerca de 600 el parque de viviendas asequibles y enfrentar la emergencia habitacional con soluciones sostenibles y a largo plazo.
Sebastián Fernández enfatizó la apuesta del Consell por expandir el parque de viviendas asequibles y enfrentar de manera efectiva la emergencia habitacional.
Los proyectos previstos en Valencia incluyen la construcción de 68 viviendas protegidas en la calle Hortolanes, número 1, con una inversión de aproximadamente 13 millones de euros. Las superficies varían entre 66 y 86.83 metros cuadrados, todos con garajes y trasteros. En la calle Moreras, número 10, se construirán otras 41 viviendas, con un coste estimado de ocho millones de euros, y superficies de 71 a 114 metros cuadrados, también con garajes y trasteros. Finalmente, en la calle Sogueros, 6, en el barrio del Carmen, se proyectan cuatro viviendas adicionales, con una inversión superior a 800.000 euros.
Fernández subrayó que estas viviendas están destinadas a convertirse en el hogar de los colectivos más vulnerables, ofreciendo una verdadera ayuda a quienes necesitan el apoyo de la administración para acceder a una vivienda digna. Los arrendatarios deben tener ingresos que no superen en general tres veces el IPREM, o dos veces en algunos casos. Para familias numerosas y personas con discapacidad, se contemplan límites de ingreso de hasta cuatro veces el IPREM, y para familias numerosas de categoría especial y personas con discapacidad severa, de hasta cinco veces el IPREM.
