El Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana han pactado, junto al Ministerio de Vivienda, la inversión de 5.501.144 euros provenientes de los fondos europeos Next Generation gestionados por la Comunitat Valenciana. Este dinero se destinará a la construcción de 113 viviendas para alquiler asequible o social en Valencia, a cargo de AUMSA. Este proyecto, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Valencia y la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, contempla una inversión total de 21.732.903 euros.
Estas acciones forman parte de la convocatoria de ayudas para entidades locales orientadas a la construcción de viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021-2026, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. Gracias a la colaboración entre la Generalitat y el Ayuntamiento, y con el acuerdo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se ha otorgado una subvención de 5,5 millones de euros a la Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas (AUMSA), lo que supone el 25,31% del total de la inversión.
El concejal de Vivienda de Valencia y presidente de AUMSA, Juan Giner, subrayó que, con estos acuerdos, se demuestra que la política de vivienda es una prioridad y que se están llevando a cabo diversas iniciativas para que el Plan + vivienda, que implica la construcción de 1000 viviendas de protección pública, se materialice al finalizar esta legislatura.
Por su parte, el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, destacó que este acuerdo busca afrontar la urgente necesidad de vivienda asequible en Valencia, donde acceder a una vivienda se ha vuelto una de las principales dificultades para la ciudadanía. Fernández enfatizó que el Consell está desplegando todos los recursos posibles para incrementar la oferta de viviendas tanto en Valencia como en otros municipios de la Comunitat, consciente de que la falta de vivienda representa un obstáculo significativo para muchas familias.
Hasta ahora, el Consell ha adjudicado en Valencia dos proyectos para construir, bajo el Plan VIVE, 104 viviendas destinadas a alquiler asequible mediante la concesión de derecho de superficie sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento a la Generalitat. También se han proyectado 61 viviendas de protección oficial mediante un concurso de permuta por obra futura. Con esta nueva iniciativa, se levantarán 113 viviendas adicionales, con una aportación de hasta 50.000 euros por inmueble de los fondos Next Generation. Asimismo, desde el inicio de la legislatura, el Consell ha adquirido 124 viviendas en la ciudad, que se han sumado al parque público de la Generalitat, y ha concluido la construcción de 184 viviendas más en el barrio de La Torre, destinadas al alquiler asequible y cuya adjudicación será inminente.
La colaboración entre las administraciones autonómica y local ha sido clave para la implementación de estas medidas en materia de vivienda, con el objetivo de incrementar el parque residencial de viviendas asequibles en cerca de 600 unidades y abordar la emergencia habitacional con soluciones sostenibles y a largo plazo. Fernández reiteró el compromiso del Consell de ampliar el parque residencial de viviendas asequibles y combatir esta emergencia con soluciones efectivas y duraderas.
Los proyectos previstos en Valencia incluyen la construcción de 68 viviendas protegidas en la calle Hortolanes, 1, con una inversión aproximada de 13 millones de euros y superficies que varían entre 66 y 86,83 metros cuadrados, además de garajes y trasteros. En la calle Moreras, 10, se proyectan otras 41 viviendas con un costo estimado de ocho millones de euros, con inmuebles de entre 71 y 114 metros cuadrados, también con garajes y trasteros. Finalmente, en la calle Sogueros, 6, en el barrio del Carmen, se construirán cuatro viviendas más con una inversión superior a los 800.000 euros.
Sebastián Fernández resaltó que el objetivo de estas viviendas es convertirse en hogares para los colectivos más vulnerables, proporcionando un apoyo real a quienes necesitan ayuda para acceder a una vivienda digna. El acceso a estas viviendas estará condicionado a que los ingresos de los arrendatarios no superen, en términos generales, 3 veces el IPREM, o 2 veces el IPREM para otras modalidades. Para las familias numerosas (categoría general) y personas con discapacidad, el límite de ingresos será 4 veces el IPREM, y para familias numerosas (categoría especial) y personas con discapacidad severa, hasta 5 veces el IPREM.
