El Ayuntamiento de Valencia ha confirmado el cierre de cuatro restaurantes en la Marina de Valencia a partir del próximo lunes. Tras dos prórrogas y acuerdos con los locales para desocupar el espacio el 5 de mayo, el Consistorio decidió no renovar la concesión. La administración local, que ahora gestiona el área, busca implementar un nuevo modelo de ocio, ya que el lugar frecuentemente se ha transformado en una zona de botellón, incumpliendo la normativa de contaminación acústica, según informan fuentes municipales.
Los restauranteros han expresado su preocupación ante la falta de licitación para un concurso futuro que adjudique el espacio, lo que podría llevar al cese de más de 400 empleados, destacando que una tercera parte de estos trabajadores ya fueron afectados por la dana en sus residencias, según un comunicado del despacho de abogados Chapapría-Navarro.
Manolo Mata, propietario de uno de los restaurantes afectados, señaló a este medio que presentó un recurso para detener la orden de cierre provocada por el fin de la concesión. Sostiene que sin resolución, no se puede exigir que los locales sean desocupados. Sin embargo, la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento asegura que responderán según lo estipulado, aclarando que los plazos son precisos.
Según el Consistorio, los contratos fueron extendidos dos veces: hasta el 31 de enero de 2025 y luego hasta el 4 de mayo de 2025. Los arrendatarios, conscientes de la naturaleza temporal de estos contratos, aceptaron las condiciones de las prórrogas, por lo que el vínculo entre el desempleo y la no renovación es considerado por la administración como una crítica infundada.
Desde el Ayuntamiento afirman que el cierre fue acordado de forma voluntaria por los arrendatarios al aceptar las extensiones del alquiler. Los restaurantes podrán permanecer abiertos hasta el 4 de mayo, aprovechando el puente del 1 y 2 de mayo, y tendrán hasta el 31 de mayo para desalojar los locales de manera ordenada. Han mantenido reuniones constantes sobre este asunto tanto con los arrendatarios como con sus representantes legales.
Juan Chapapria, portavoz del bufete que representa a tres de estos restaurantes, subrayó que los concesionarios cumplen con todas las exigencias planteadas inicialmente por el Consorcio Valencia 2007, así como con las actuales de la delegación de Patrimonio. Se han firmado dos prórrogas y pagado las fianzas requeridas, según Chapapria, quien critica que ahora la corporación local incumpla su promesa de permitirles operar hasta que se designe un nuevo concesionario.
El bufete destaca que el cierre dejaría la zona vacía, favoreciendo situaciones de botellón y ocupación indeseada, lo que conllevaría riesgos y molestias para la comunidad. Los actuales adjudicatarios, que gestionan los restaurantes desde hace más de 20 años, buscan permanecer hasta que se nombre un nuevo concesionario para evitar que el lugar se convierta en un desorden similar al vivido en Alicante. También enfatizan haber costeado la seguridad cuando la Policía Local no estuvo presente y manifiestan su deseo de continuar colaborando con la administración, aunque sin recibir respuestas satisfactorias para permanecer en esta zona que vio un auge desde la Copa del América.
