Cuatro vocales presentan alegaciones a las propuestas de informe al Anteproyecto de Ley del Aborto

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Mercè Pigem y Enrique Lucas abogan por esperar a la decisión del Tribunal Constitucional sobre la Ley vigente y recomiendan al Gobierno que se replantee aprobar una nueva norma cuando el modelo actual presenta un alto grado de aceptación por la ciudadanía y no ha arrojado un saldo negativo en su aplicación. Fernando Grande-Marlaska también sostiene que el Consejo, “por razones de seguridad jurídica”, debe aguardar al pronunciamiento del Constitucional. Por último, Nuria Díaz señala que la propuesta de las ponentes de desligar el aborto eugenésico de los efectos sobre la salud psíquica de la madre violaría los compromisos internacionales de España en materia de protección de la discapacidad

Cuatro de los vocales del Consejo General del Poder Judicial han presentado alegaciones a las propuestas de informe al Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección del concebido y los derechos de la mujer embarazada redactadas por las ponentes Carmen Llombart y Pilar Sepúlveda y que se debatirán y votarán en el pleno extraordinario convocado para el próximo viernes 13 de junio.
Dos de ellos, Mercè Pigem y Enrique Lucas, firman un escrito en el que se recomienda al Gobierno que “se replantee la conveniencia de aprobar una nueva norma en una materia tan sensible, modificando un sistema como el vigente que presenta un alto grado de aceptación por la ciudadanía, y que no ha arrojado un saldo negativo en su aplicación”.

Estos dos vocales sostienen, además, que hay una razón de seguridad jurídica que el Ejecutivo no puede soslayar y que atiende a la propia materia objeto de regulación.

“Indudablemente, nos encontramos ante uno de los supuestos límites del derecho, con una implicación significativa en el plano de la conciencia y creencias individuales. Es decir, un ámbito de la regulación que no puede quedar sometido a los vaivenes de los cambios de mayoría parlamentaria. Antes bien, es necesaria una cierta estabilidad, si no en toda la regulación de la materia, sí en los elementos esenciales del sistema”.

Pigem y Lucas alertan de la situación de inseguridad jurídica que derivaría de una declaración de constitucionalidad del modelo vigente –de plazos e indicaciones- por parte del Tribunal Constitucional, “de tal forma que la adopción de este Anteproyecto sin esperar la respuesta del Tribunal Constitucional podría convertir en delictivas conductas que son consideradas y declaradas como constitucionales por el Alto Tribunal”.
También el vocal Fernando Grande-Marlaska alude a las razones de seguridad jurídica en el escrito que ha registrado. Este vocal dice que dados los específicos derechos, libertades y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos afectados en la regulación y teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la Ley vigente, “habría que estar a su resolución”.

“Como nos encontramos ante la regulación de una materia donde los valores que conforman la ética cívica (de mínimos) pueden ser reinterpretados, aun cuando no debiera, por el legislador en extremos de máximos, difuminando su alcance, conjugándose al día de hoy una legislación que no consta violenten los mismos (ética pública), la única forma de garantizar esta última, y específicamente el valor de seguridad jurídica, no sería otra que estar al pronunciamiento del TC sobre la Ley Orgánica 2/2010”, añade.

En caso contrario, señala Grande-Marlaska, “al margen de inseguridad jurídica en materia constitucional tan esencial, serían previsibles futuras modificaciones legislativas”.
Por último, la vocal Nuria Díaz discrepa de las propuestas de informe presentadas por las ponentes Carmen Llombart y Pilar Sepúlveda, que coinciden en pedir que el supuesto del aborto eugenésico –en los casos en los que exista una anomalía fetal incompatible con la vida- se desligue de la afectación de la salud psíquica de la mujer por entender que no se da conflicto entre los derechos de la embarazada y la protección del concebido.
Díaz recuerda en su escrito que, en su reciente informe al Anteproyecto, el Comité de Bioética ha considerado que la despenalización del aborto en la regulación de 1985 y de 2010 en el supuesto de anomalías del feto “es una norma discriminatoria que atenta contra la Constitución española y contra la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que perpetúa el enfoque inadmisible de la discapacidad”.

La vocal concluye que la introducción del aborto eugenésico como supuesto independiente, desligado no solo de los efectos sobre la salud psíquica de la madre, sino incluso de la viabilidad del feto, para permitir el aborto simplemente cuando concurran graves taras físicas o psíquicas del feto, “deja a éste completamente desprotegido y supone una violación de los compromisos internacionales del Reino de España en materia de protección de la discapacidad”.

Los tres escritos han sido incluidos en la documentación que acompaña al orden del día del pleno extraordinario del próximo viernes 13 y serán sometidos a debate y votación junto a las propuestas de informe de las ponentes Carmen Llombart y Pilar Sepúlveda.

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