Damnificados por la DANA rechazan reunión con Pérez Llorca

Malestar creciente entre los afectados por la catástrofe en la Horta Sud

Los vecinos damnificados por la DANA en la comarca de la Horta Sud (Valencia) han declinado recientemente una invitación para reunirse con el despacho jurídico Pérez Llorca, una decisión que refleja un claro descontento con las instituciones y los procedimientos emprendidos hasta ahora. La protesta nace de una sensación de abandono y falta de transparencia por parte de las administraciones responsables ante las consecuencias aún palpables de la catástrofe.

Un desastre con secuelas aún visibles

En septiembre de 2023, la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) descargó lluvias torrenciales sobre diversos municipios de la Horta Sud, especialmente Aldaia, Torrent, Alaquàs, Xirivella y Paiporta. Las inundaciones dejaron cientos de viviendas anegadas, vehículos destrozados e infraestructuras severamente dañadas. Meses después, muchos afectados aseguran que siguen esperando respuestas y soluciones efectivas.

Ante la insuficiencia de medidas y ayudas, surgió la Asociación de Damnificados por la DANA en la Horta Sud, una plataforma ciudadana nacida para canalizar las reivindicaciones de los vecinos y exigir responsabilidades políticas y administrativas.

La propuesta de Pérez Llorca: expectativas frustradas

¿Quién es Pérez Llorca en este contexto?

El despacho jurídico Pérez Llorca fue designado por la Generalitat Valenciana para investigar las causas que desembocaron en el fallo del sistema de evacuación de aguas en l’Horta Sud y analizar las posibles responsabilidades. Sin embargo, en lugar de aportar tranquilidad, su intervención ha sido recibida con escepticismo por buena parte de los damnificados.

Reunión sin consenso

La polémica surgió tras una invitación extendida por el despacho a la mencionada asociación ciudadana para mantener un encuentro de coordinación y recogida de testimonios. Según los afectados, esta convocatoria llegó de manera informal, sin una hoja de ruta clara, ni garantías de participación real en el proceso judicial o institucional.

La Asociación de Damnificados decidió rechazar la reunión, argumentando que:

• No se les ofrecía un marco transparente ni democrático para expresar sus demandas.
• Temen que su colaboración sea utilizada con fines meramente decorativos o como coartada institucional.
• Aseguran que no tienen garantías legales suficientes sobre el destino de los testimonios que compartirían.

Además, denuncian que la Generalitat nunca les ha consultado formalmente ni ha facilitado canales directos de participación, lo que incrementa la desconfianza hacia iniciativas de este tipo.

Demandas claves de los damnificados

Exigen transparencia y responsabilidad política

Lejos de conformarse con indemnizaciones parciales, los afectados impulsan una agenda centrada en la transparencia, la reparación efectiva y la prevención. Reivindican:

• Aclaración del fallo estructural en el sistema de evacuación de aguas, aparentemente colapsado durante la DANA.
• Determinación de responsabilidades políticas; tanto por omisiones previas como por la falta de actuación tras los hechos.
• Diseño e implementación de un protocolo preventivo ante emergencias hidrológicas futuras.
• Articulación de un fondo de emergencia regional para catástrofes naturales.

Los portavoces de la asociación sostienen que las obras hidráulicas prometidas por las administraciones siguen sin materializarse, a pesar de las constantes reuniones institucionales mantenidas en los meses posteriores.

Falta de ayudas y mecanismo de compensación lento

Otro frente de frustración para los afectados ha sido la burocracia vinculada a las ayudas públicas. Muchos vecinos aseguran que no han recibido apoyo económico alguno o que las cuantías asignadas son irrisorias comparadas con los gastos de reconstrucción que han enfrentado.

En este sentido, piden la intervención coordinada de:

• Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública
• Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana
• Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico

El objetivo es agilizar los plazos, simplificar los procedimientos y evitar la revictimización de quienes aún viven entre escombros o han invertido todos sus ahorros en recuperar sus hogares.

Reacciones políticas y municipales

Las administraciones locales, en el punto de mira

Los ayuntamientos de las zonas afectadas —con especial mención a Torrent y Aldaia— han intentado adoptar posturas conciliadoras, pero no han logrado calmar el descontento vecinal. La falta de inversión en infraestructuras hidráulicas durante los últimos años es uno de los principales reclamos expuestos por la población.

En recientes declaraciones, representantes del Ayuntamiento de Torrent subrayaron su voluntad de colaborar con todas las partes, aunque recordaron que la gestión de colectores pluviales es competencia supramunicipal. Aun así, muchos vecinos les exigen mayor contundencia en sus peticiones ante la Generalitat.

Silencio desde la Generalitat

Según ha denunciado la asociación, hasta el momento no han sido recibidos oficialmente por altos cargos del Consell. Esta ausencia de diálogo directo refuerza la percepción de que hay falta de voluntad política de cara a resolver las problemáticas derivadas del temporal.

Desde Presidencia de la Generalitat no se han emitido declaraciones específicas tras el rechazo de la reunión. Sin embargo, fuentes cercanas al gobierno autonómico aseguran que el informe encargado a Pérez Llorca será imparcial y contribuirá a depurar responsabilidades.

El papel del informe: ¿herramienta judicial o maniobra política?

Una investigación sin legitimidad social

La elaboración del informe jurídico promovido por Pérez Llorca ha sido uno de los pilares de la estrategia institucional frente a la DANA. No obstante, la falta de inclusión de las voces vecinales y de los técnicos municipales generó un rechazo unánime por parte de las organizaciones ciudadanas.

Los afectados ponen sobre la mesa la posibilidad de que el informe sea una forma de diluir las responsabilidades políticas reales y de posponer decisiones relevantes hasta que pase el actual ciclo electoral.

Reivindicación de un proceso participativo

En respuesta, la asociación ha solicitado formalmente:

• La apertura de una comisión parlamentaria en Les Corts Valencianes para investigar los hechos.
• La incorporación como interlocutor válido en cualquier comisión técnica o jurídica futura.
• Garantías sobre el acceso público a cualquier documentación resultante del proceso de investigación.

Las voces de los afectados: relatos de dolor y resistencia

Testimonios que claman justicia

Más allá de los números, las cifras de daños o los informes técnicos, el verdadero rostro de esta crisis está en las historias personales. Familias que perdieron todo en unas pocas horas, jubilados que han tenido que hipotecar su futuro para reparar sus casas y comerciantes que vieron cómo se arruinaban décadas de esfuerzo en una noche de tormenta.

Entre los testimonios más desgarradores, se encuentran quienes sufrieron daños irreparables en mobiliario, vehículos o recuerdos familiares. Muchos aseguran que aún sienten el miedo cuando empieza a llover intensamente.

Balance: una herida abierta en la Horta Sud

A casi un año de la catástrofe, la sensación generalizada en Aldaia, Torrent, Xirivella y otros municipios es de abandono. Aunque se han realizado varios anuncios institucionales y promesas de obras, los damnificados insisten en que las acciones reales son insuficientes.

La negativa a reunirse con Pérez Llorca no es únicamente un gesto puntual, sino la manifestación de una legítima exigencia de justicia, memoria y reparación. Los afectados por la DANA han dejado claro que no están dispuestos a formar parte de procesos burocráticos sin impacto real.

¿Qué viene a continuación?

La pelota está ahora en el tejado de la Generalitat Valenciana. El gobierno autonómico deberá decidir si continúa por una vía unilateral o si cambia de rumbo y empieza a tratar a los damnificados como interlocutores válidos. Esto implicaría abrir conversaciones reales, asumir responsabilidades y acelerar tanto las compensaciones económicas como las infra