Valencia Noticias | Redacción.- Agentes de la Policía Nacional, en la que ha sido la mayor operación conjunta con el Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular China, han desarrollado una operación que ha permitido desbaratar las actividades en España de una red criminal de origen chino, especializada en los fraudes telefónicos masivos. Un complejo dispositivo, integrado por más de 600 agentes, que ha culminado con una veintena de entradas y registros en lujosos chalés de las provincias de Madrid, Alicante y Barcelona, en los que han sido detenidas más de 200 personas de procedencia china. Desde varios call center ubicados en chalés de lujo de Madrid, Barcelona y Alicante ocasionaron un perjuicio económico que supera los 16.000.000 de euros a miles de víctimas de la República Popular China. En cada centro telefónico trabajaban, con gran hermetismo, de forma ininterrumpida y sin descanso, un elevado número de operadores -en algún caso hasta 50 en el mismo inmueble-, siguiendo un elaborado método para conseguir engañar a sus víctimas potenciales mediante llamadas de telefonía IP. En total, se han desmantelado 13 call centers perfectamente habilitados para el fraude.
Miembros de un “sindicato del crimen” chino
Esta macrooperación ha culminado con la desarticulación de la trama española de un poderoso sindicato del crimen chino especializado en el fraude telefónico masivo con ramificaciones en varios países de los cinco continentes. La investigación comenzó el pasado mes de julio cuando responsables del Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular de China alertaron a la Policía Nacional de la comisión numerosas estafas a ciudadanos chinos, residentes en su país, a través de un sistema de llamadas mediante telefonía IP con origen en España.
La excelente coordinación entre los investigadores españoles y chinos, permitió descubrir el sofisticado modus operandi seguido por los delincuentes. Igualmente se desveló la infraestructura con que contaban los investigados en nuestro país: más de 20 chalets distribuidos por las comunidades autonómicas de Madrid, Cataluña y Valencia. Todos los inmuebles eran de grandes dimensiones y estaban situados en urbanizaciones de lujo con calles estrechas y escaso tránsito. Dichas características se ajustaban al perfil ordenado por los máximos responsables de la organización criminal y aseguraban una serie de medidas de seguridad dirigidas a proteger y, en su caso, alertar a los delincuentes que operaban en su interior ante una posible presencia policial en las inmediaciones.
Llamadas desde España, víctimas en China
El procedimiento seguido por los operadores telefónicos seguía un guión perfectamente definido. Realizaban continuas llamadas a números telefónicos de interminables listas de potenciales víctimas hasta conseguir que alguno cayera en el engaño. Para ello, los operadores se repartían tres tipos de papeles que interpretaban con auténtica maestría. Los primeros se hacían pasar por vecinos, amigos o incluso familiares de las personas a las que habían llamado, advirtiéndoles de que se estaban produciendo muchas estafas en su entorno, en su barrio, etc, y que tuvieran cuidado. En un segundo nivel, otros operadores se hacían pasar por policías, informando a las potenciales víctimas de que iban a ser objetivo del fraude o, incluso, de que ya lo eran. Finalmente, un falso funcionario policial o judicial les pedía que ingresaran una cantidad de dinero en unas cuentas bancarias supuestamente controladas, con el objetivo de poder rastrear a los defraudadores. Sin embargo, estas cuentas no estaban controladas por institución oficial alguna, sino por la organización criminal en paraísos fiscales.
Las primeras investigaciones realizadas a los investigados pusieron de manifiesto que, a pesar de las distancias entre los chalés, el modo de funcionamiento de los mismos se repetía de forma idéntica. En todos había un total hermetismo, con escaso movimiento de personas, ventanas cerradas e incluso tapadas, luces apagadas, etc.
El trabajo de los investigadores permitió obtener información que les condujo a identificar a los responsables de la logística de los chalets, así como a constatar el elevado número de personas que ocupaban los inmuebles. Todo ello a pesar de las medidas de seguridad adoptadas por los investigados, como los cambios de los titulares de los contratos de alquiler, los pagos que realizaban siempre en metálico o los escasos contactos físicos entre ellos.
La operación ha sido realizada por Comisaría General de Policía Judicial, la División Económica y Técnica, la UCRIF Central, la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, la Comisaría Provincial de Alicante, Interpol y el Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular de China. Todo ello bajo la dirección de la Fiscalía de Criminalidad Informática, la Fiscalía de la Audiencia Nacional y los Juzgados Centrales de Instrucción números 1, 3 y 5 de la Audiencia Nacional.
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