Un informe reciente de diversas entidades destaca que un 30,5% de las vulneraciones de derechos lingüísticos de valencianohablantes se produce en el ámbito educativo, influenciado por la aplicación de la llamada ley de Libertad Educativa. Este reporte, presentado ante el Síndic de Greuges en Alicante por organizaciones como Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua y Acció Cultural del País Valencià, entre otras, señala también a la administración pública como otro foco significativo de estas vulneraciones, con un 25,3%.
Las entidades han subrayado la urgencia de atender estas vulneraciones en el marco del Dia dels Drets Lingüístics al País Valencià, enfatizando la necesidad de normalizar el uso del valenciano para evitar su desaparición. Este año, el informe revela un cambio notable en el tipo de vulneraciones, con el sector educativo encabezando la lista con más del 30% de los casos.
Esta situación se atribuye a la aplicación de la “ley Rovira”, nombre que algunas entidades utilizan para referirse a la ley de Libertad Educativa promovida por el Consell, que ha estado a cargo de José Antonio Rovira. Según los grupos involucrados, esta normativa ha complicado la garantía de derechos lingüísticos en el ámbito educativo.
Asimismo, el informe subraya un aumento de vulneraciones en las comarcas centrales, un cambio respecto a años anteriores cuando las comarcas del sur eran las más afectadas. Destacan también un crecimiento de incidentes en el sector privado, reflejando una mayor conciencia y disposición de las personas a denunciar la violación de sus derechos lingüísticos.
A pesar de estas variaciones, se mantienen algunas tendencias, como las instituciones públicas como focos de vulneraciones. El cambio de gobierno, apoyado por PP y Vox, ha aumentado las incidencias, con el castellano predominando en servicios públicos y complicaciones en el acceso a la información en valenciano.
Las organizaciones señalan que el informe es fruto de un trabajo colaborativo que aporta un diagnóstico detallado de las vulneraciones y las áreas más afectadas. Además, han solicitado que la Generalitat recupere la Oficina de Derechos Lingüísticos con capacidad sancionadora, una petición pendiente desde el informe de 2024.
Finalmente, han reafirmado su compromiso de defender los derechos lingüísticos y promover la lengua y cultura valenciana, destacando la importancia de que la Generalitat Valenciana actúe firmemente para proteger estos derechos.
