El Ayuntamiento de Valencia está llevando a cabo el realojo de cuatro familias de la pedanía de Castellar ante el riesgo de desprendimiento del edificio donde residían. La decisión se tomó sin demora tras identificar problemas estructurales en los bajos del inmueble, una problemática que ya existía antes de la gota fría del 29 de octubre del año anterior. Se ha procedido al desalojo preventivo de ocho viviendas, y el Consistorio ha ofrecido alojamiento a todas las familias afectadas, de las cuales cuatro, sumando un total de 10 personas, han aceptado la ayuda.
Los bomberos de la ciudad intervinieron en el mismo edificio el 2 de noviembre de 2023, detectando peligro en una persiana de la planta baja que se había salido de su guía, además de un interior ya apuntalado. Un informe del Servicio de Disciplina Urbanística, emitido un mes después, determinó la responsabilidad de los propietarios en la reparación de los daños estructurales tras obtener las licencias necesarias.
El edificio, con más de cinco décadas de antigüedad, obliga a sus propietarios a realizar el Informe de Evaluación del Edificio de Viviendas (IEEV-CV) y registrarlo telemáticamente, además de notificar a la Oficina Técnica sobre cualquier reparación realizada para asegurar las condiciones de seguridad y habitabilidad requeridas por la ley.
En enero pasado, los propietarios entregaron un certificado que acreditaba el apuntalamiento provisional de la planta baja como medida de precaución, mencionando daños en los pilares de hormigón armado debido a la corrosión. Este documento afirmaba que, con las medidas de seguridad vigentes, el edificio mantenía condiciones de estabilidad adecuadas.
