El Ayuntamiento de Valencia ha tomado medidas urgentes al realojar a cuatro familias de la pedanía de Castellar debido al peligro de desprendimiento en su edificio. Técnicos municipales identificaron problemas estructurales en los bajos del inmueble, que ya presentaba deficiencias antes de la dana del 29 de octubre.
En total, ocho viviendas han sido desalojadas preventivamente, y el Ayuntamiento ofreció alojamiento a las familias afectadas, de las cuales cuatro, sumando un total de diez personas, aceptaron la opción de realojo.
La intervención de los bomberos en el edificio ocurrió el 2 de noviembre del año anterior. Detectaron que la persiana de la planta baja presentaba riesgo inminente de caer, habiéndose salido de la guía y con el interior de la planta baja apuntalado.
Un informe del Servicio de Disciplina Urbanística, elaborado un mes después, estipula que los propietarios deben hacerse cargo de las reparaciones necesarias, tras obtener las licencias pertinentes. El edificio, con más de 50 años, exige, bajo normativas, que los propietarios realicen el Informe de Evaluación del Edificio de Viviendas (IEEV-CV) y lo inscriban telemáticamente en el Registro Autonómico. Los propietarios tienen la obligación de informar a la Oficina Técnica una vez finalizadas las reparaciones, para que se verifique que el inmueble cumple con los estándares de seguridad, funcionalidad y habitabilidad.
En enero, los propietarios presentaron un certificado indicando que el apuntalamiento de la planta baja se había realizado como medida provisional para asegurar la estabilidad estructural, destacando la presencia de pilares de hormigón armado dañados por corrosión. El documento señalaba que, con las medidas de seguridad aplicadas, el edificio mantenía condiciones suficientes de estabilidad.