El Ayuntamiento propone a la DGT que no obligue a los ciclistas a llevar casco en vías urbanas

Ciclista en la ciudad La Concejalía de Circulación y Transportes del Ayuntamiento de Valencia tiene previsto remitir este miércoles a la Dirección General de Tráfico (DGT) y al Ministerio del Interior una serie de propuestas relacionadas con el borrador de Reglamento General de Circulación que se encuentra en la actualidad en fase de tramitación.

Estas propuestas están vinculadas con algunas de las medidas que recoge el borrador en materia de circulación de peatones y bicicletas, así como en la tramitación de ocupaciones en la vía pública.

En concreto, los técnicos de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia proponen a la DGT que no se disponga en el Reglamento General de Circulación la obligación de que los ciclistas lleven casco en vías urbanas, ya que el sistema de la bicicleta pública no puede incorporar el casco en el servicio ofertado.

Al respecto, los técnicos entienden que la aplicación de la obligatoriedad del casco se ha aplicado ya en otras ciudades y ha provocado “una disminución del uso de la bici y, como consecuencia, un resultado contrario al deseado en materia de sostenibilidad del tráfico de vehículos a motor y en materia de seguridad, ya que un alto número de ciclistas en la vía incide positivamente en la misma”.

El Ayuntamiento de Valencia también planteará a la DGT que en el Reglamento General de Circulación se establezca una distancia mayor de un metro respecto a las fachadas de los edificios para que los ciclistas puedan circular por las aceras.

Según los técnicos de Tráfico, “la circulación de bicicletas por las aceras conlleva graves riesgos a los peatones. No tanto por la presencia de éstos, en mayor o menor grado, sino por las continuas  entradas y salidas a los zaguanes o establecimientos comerciales en planta baja”.

Por otro lado, consideran que la existencia de terrazas con mesas y sillas, “invalida el establecimiento de anchos libres que aseguren trayectorias seguras para el tránsito ciclista” y, en esta línea, entienden que el ancho disponible “puede ser diferente en cada tramo de acera o incluso en el mismo tramo, sin contar el trasiego del servicio hostelero propiamente dicho”.

Asimismo, el consistorio pide que los ciclistas no puedan adelantar lateralmente a los vehículos a motor para situarse en primera línea ante un paso regulado por semáforo y que no se permita a los ciclistas circular en sentido contrario respecto de los vehículos a motor, en una vía de un solo carril de circulación.

Por otro lado, el Ayuntamiento considera que, salvo en calles peatonales, debería concretarse la definición de plataforma única. Para los técnicos es importante concretar este tipo de detalles para organizar el espacio que corresponde al peatón y el que pertenece al vehículo.

El consistorio valenciano también pide que cada Ayuntamiento establezca el color de señalización de las plazas reguladas para residentes. Los técnicos municipales plantean que el color de señalización de zonas de aparcamiento para residentes “sea el que cada Ayuntamiento establezca”.

En el Reglamento solamente se ha considerado el color verde, que es el utilizado en Sevilla o Madrid para marcar estas zonas. Sin embargo, en Valencia el color escogido es el naranja, y en otras ciudades otros. Por ello, los técnicos entienden que “habida cuenta de la disparidad de criterios en cuanto al color de las marcas viales para la señalización de plazas reguladas para residentes, debería establecerse que estas plazas tendrán el color diferenciado que cada Ayuntamiento establezca”.

Finalmente, el consistorio plantea que cada Ayuntamiento regule los usos excepcionales de las vías urbanas. Se considera uso excepcional de las vías urbanas, cuando se utilizan para la celebración de eventos y espectáculos. El Reglamento marca un máximo de 15 días para tramitar estos permisos por parte de los ayuntamientos, y si pasado este plazo la administración no ha contestado, la petición queda resuelta por silencio administrativo.

Sin embargo, los técnicos municipales consideran que el plazo de 15 días es “insuficiente” cuando se trata de organizar eventos importantes que afectan a multitud de vías urbanas, como por ejemplo carreras ciclistas, o pruebas de atletismo. Por ello, entienden que la tramitación y plazos de este tipo de permisos para “usos extraordinarios” deben ser estar reguladas por cada ayuntamiento en particular.

VLCCiudad/Redacción

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