El Consell inicia los trámites para adjudicarse un inmueble de uno de los condenados del ‘caso Blasco’ y recuperar fondos públicos malversados

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El Consell ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat para que pueda solicitar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la adjudicación de otro inmueble propiedad de uno de los condenados por el “caso Blasco”.

Se trata de un bien, integrado por piso, plaza de garaje y trastero, ubicado en la calle Carcaixent de Castellón, que fue propiedad de Marcial López, en su día presidente del patronato de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes).

Este inmueble fue embargado en virtud de la sentencia del Tribunal Supremo del 3 de junio de 2015, con la que se puso fin a la causa del llamado “caso Blasco”, referida al desvío de 1,6 millones de euros en subvenciones destinadas al tercer mundo y de los que se apropió la trama vinculada al exconseller Rafael Blasco en 2008. La sentencia determinó, amén de las penas de cárcel e inhabilitación, una responsabilidad civil por importe de 1.623.840 euros.

Para hacer frente a la misma, el órgano judicial embargó distintos inmuebles propiedad personal de Marcial López, que posteriormente fueron sacados a subasta. Este piso (con trastero y garaje) de Castellón salió a subasta por un precio de 204.393,97 euros. Solo hubo una única puja, por el 31% del precio de licitación, que suponía únicamente 64.900 euros.

Tras esto, tal como señala la Ley de Enjuiciamiento Civil, se comunicó a la Generalitat, por ser parte acreedora, que podía solicitar la adjudicación de este inmueble, que se plantea hacer efectiva por el 70% del valor de la subasta (143.075,78 euros).

Antes de culminar la operación, el Consell ha de realizar la depuración de la situación jurídica de los inmuebles con el fin de certificar, entre otras causas, posibles cargas que pudieran pesar y, una vez efectuada esta comprobación, proceder a hacer efectiva, en su caso, la adjudicación.

Casi 1,3 millones en metálico y valor de los inmuebles

En caso de culminarse la adquisición de este piso, serán ya cuatro los inmuebles que han pasado a manos del Consell como consecuencia de la responsabilidad civil de los condenados por el “caso Blasco”, tras certificarse el desvío de fondos públicos del anterior Gobierno valenciano.

En septiembre de 2016, el Consell se adjudicó tres pisos en la calle Ausiàs March de Valencia, provenientes de los embargos efectuados por el juzgado a la Fundación Cyes para hacer frente a la sentencia de 2015, como parte de la responsabilidad civil fijada. Estos inmuebles constituían la sede de la entidad presidida por Marcial López.

Estos tres pisos de Valencia fueron subastados, pero el Consell solicitó, como acreedor, quedarse con los inmuebles, ya que las ofertas presentadas en la subasta únicamente alcanzaban el 10%, el 13% y el 21% del precio de licitación. En total se ofrecieron 76.000 euros por los tres inmuebles, cuyo precio de licitación alcanzaba los 566.800 euros, si bien el precio de mercado, según el informe del Servicio de Gestión Inmobiliaria de la Conselleria de Hacienda, alcanzaba los 850.000 euros.

Esta cifra, unida al precio de subasta del inmueble de Castellón, comportaría, en caso de concretarse esta segunda operación, que habría más de un millón de euros de valor en bienes recuperados de la trama del “caso Blasco”.

Además, se han rescatado para el erario público 217.000 euros en metálico de los condenados por el desvío de fondos para el tercer mundo. En total, habría cerca de 1,3 millones en metálico y en valor de mercado de los bienes recuperados para la Generalitat.

En la segunda subasta han quedado otros dos lotes desiertos, que corresponden a propiedades de Marcial López que son compartidas. También hay otros bienes de otros condenados en el caso del exconseller del PP sobre los que pesan embargos que están pendientes o a expensas de determinados trámites, ubicados en Miami, la comarca de La Ribera y València.

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