La prórroga del llamado decreto antidesahucios hasta finales de dos mil veintiséis vuelve a situar la vivienda en el centro del debate político y social. El Gobierno defiende la medida como un escudo para proteger a las familias vulnerables, pero la redacción de la norma sigue generando incertidumbre jurídica tanto entre inquilinos como entre propietarios.
Lejos de cerrar el conflicto, el decreto amplía una moratoria que, en la práctica, plantea dudas clave sobre cuándo se puede desahuciar, a quién protege realmente la norma y quién asume la responsabilidad cuando no hay alternativa habitacional.
Qué dice exactamente la moratoria de los desahucios
La norma extiende hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiséis la suspensión de los desahucios en casos de alquiler cuando el inquilino se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y no dispone de una alternativa habitacional.
En estos supuestos, el procedimiento judicial puede quedar paralizado si los servicios sociales acreditan esa vulnerabilidad. El objetivo es evitar que familias sin recursos queden en la calle mientras se busca una solución habitacional.
El problema es que el decreto no fija plazos claros ni concreta cómo ni cuándo debe producirse esa alternativa.
El papel del juez y el choque de vulnerabilidades
Uno de los puntos más conflictivos es el escenario en el que propietario e inquilino alegan vulnerabilidad. En esos casos, la norma contempla que sea la Administración la que ofrezca una alternativa, pero deja en manos del juez determinar cuál de las dos partes se encuentra en una situación más grave.
Este proceso puede alargarse durante semanas o meses, generando una situación de bloqueo legal que afecta a ambas partes: el inquilino sigue en la vivienda sin pagar y el propietario no puede recuperarla ni recibe compensación inmediata.
La duda clave: qué pasa con los pequeños propietarios
El decreto introduce una distinción relevante entre grandes tenedores y propietarios con una o dos viviendas. En teoría, estos últimos no quedarían protegidos por la suspensión automática y podrían ejecutar el desahucio incluso si el inquilino es vulnerable.
Sin embargo, el texto legal no aclara qué uso deben tener esas viviendas ni si influye que estén alquiladas o no, lo que abre la puerta a interpretaciones distintas según el juzgado.
Esta ambigüedad es una de las principales fuentes de inseguridad jurídica para pequeños propietarios que dependen del alquiler como complemento económico.
¿Quién se hace cargo si el desahucio se ejecuta?
Otra de las grandes incógnitas del decreto es quién asume la responsabilidad real cuando el desahucio finalmente se produce. La norma señala a los servicios sociales como encargados de proporcionar una solución habitacional de emergencia, pero no concreta recursos, tiempos ni mecanismos efectivos.
En la práctica, muchos servicios sociales se encuentran saturados y sin vivienda pública disponible, lo que deja a las familias en una situación de desamparo y a los propietarios sin una respuesta clara sobre el proceso.
Una protección social con grietas
El decreto antidesahucios pretende ofrecer una red de seguridad a los hogares más vulnerables, pero su aplicación sigue estando rodeada de vacíos legales y falta de concreción. Para los inquilinos, la incertidumbre es si la protección será real o solo temporal. Para los propietarios, el temor es quedar atrapados en procedimientos largos sin garantías económicas.
Mientras no se refuercen los servicios sociales ni se clarifique el marco legal, la moratoria seguirá siendo, más que una solución definitiva, una prórroga del conflicto en uno de los problemas estructurales más graves del país: el acceso a la vivienda.
