La regularización extraordinaria de migrantes ya es una realidad en España. El Gobierno ha aprobado este martes el nuevo proceso para personas extranjeras que ya residen en el país en situación irregular, con un calendario que arranca el 16 de abril por vía telemática y que abrirá la atención presencial con cita previa desde el 20 de abril. El plazo para presentar solicitudes terminará el 30 de junio.
La medida está pensada para beneficiar a alrededor de medio millón de personas, aunque algunas informaciones elevan el universo potencial de afectados hasta cifras superiores, en función de quiénes finalmente logren reunir toda la documentación y cumplir los requisitos. El propio Ejecutivo la ha presentado como uno de los grandes hitos de la legislatura, mientras ONG y abogados ya advierten de que el verdadero cuello de botella estará en la burocracia, la obtención de documentos y la capacidad de la Administración para absorber la avalancha de solicitudes.
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Quién puede acogerse a la regularización
Según la información avanzada sobre el proceso, podrán solicitar esta autorización quienes hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025, puedan acreditar una residencia continuada de al menos cinco meses y carezcan de antecedentes penales. Además, la autorización incluirá residencia y permiso de trabajo durante un año.
Ese es el núcleo de la medida, pero en la práctica no bastará con cumplir las condiciones sobre el papel. Será necesario demostrar esa permanencia en España con documentos que acrediten presencia real en el país durante el periodo exigido. Ahí es donde ya han empezado los problemas.
La gran prueba de fuego: conseguir cita y reunir papeles
La regularización ha disparado la demanda de documentación en consulados, oficinas administrativas y servicios públicos. Una de las preocupaciones más repetidas es la dificultad para conseguir cita previa, especialmente en ciudades con gran población migrante. En paralelo, varias organizaciones están alertando del riesgo de fraudes y falsas gestiones aprovechando la urgencia de miles de personas por regularizar su situación.
Entre los documentos que pueden ayudar a demostrar la residencia efectiva figuran el certificado de empadronamiento, justificantes de envíos de dinero, registros de atención sanitaria o historiales de uso de servicios como el abono transporte, siempre que sirvan para acreditar que la persona ya estaba viviendo en España dentro del periodo exigido.
Uno de los puntos más delicados será el certificado de antecedentes penales del país de origen, que distintos expertos consideran uno de los requisitos con más capacidad para retrasar expedientes o dejar fuera a solicitantes, por la dificultad de obtenerlo en plazo. El Gobierno se ha comprometido a resolver en unos tres meses, pero sobre el terreno ya existe escepticismo por la complejidad del procedimiento.
Oficinas reforzadas, pero dudas sobre si será suficiente
Para intentar absorber el volumen de solicitudes, el Ejecutivo ha reforzado el operativo con 450 oficinas y más de 550 trabajadores, además del apoyo de Correos y Tragsa en tareas de gestión y apoyo logístico. Aun así, las entidades sociales creen que siguen faltando formularios, instrucciones cerradas y criterios claros para algunos supuestos concretos, como la acreditación de vulnerabilidad o determinados informes.
Es decir, la decisión política ya está tomada, pero la verdadera batalla ahora será administrativa. Y eso explica por qué, incluso antes de abrir plenamente el proceso presencial, ya se están viendo colas y movimientos intensos para conseguir papeles indispensables.
El choque político: apoyo del Gobierno y rechazo de PP y Vox
Pedro Sánchez ha defendido la medida desde China como un acto de “justicia” y “normalización”, y RTVE resume la posición del Ejecutivo como una iniciativa avalada por la patronal y la Iglesia. Al mismo tiempo, el Gobierno insiste en que no se trata de abrir la puerta sin control, sino de reconocer derechos a personas que ya viven y trabajan en España, exigiendo también obligaciones y filtros documentales.
Enfrente, el PP y Vox han cargado duramente contra la regularización. Las críticas del principal partido de la oposición se centran en el alcance de la medida y en su impacto sobre seguridad y gestión migratoria, mientras Vox ha anunciado oposición frontal y posibles recursos. El debate, por tanto, no es solo jurídico o humanitario: también se ha convertido en uno de los grandes frentes políticos del momento.
No es la primera vez que España regulariza
Aunque la medida ha reabierto una fuerte polémica, España ya ha vivido seis procesos de regularización extraordinaria en democracia, que en conjunto beneficiaron a más de 1,2 millones de personas. Hubo procesos con gobiernos socialistas y también con gobiernos del Partido Popular. RTVE recuerda, de hecho, que las regularizaciones de la etapa de Aznar en 2000 y 2001 afectaron a más de 503.000 migrantes, mientras que la de 2005 con Zapatero alcanzó a 576.506 personas.
Eso convierte la aprobada ahora por el Gobierno de Sánchez en la primera regularización extraordinaria en más de 20 años, pero no en una anomalía histórica. Lo novedoso no es tanto el mecanismo como el contexto político, social y administrativo en el que se produce.
Qué va a marcar las próximas semanas
En los próximos días, toda la atención se centrará en tres cuestiones muy concretas: la rapidez para conseguir cita, la capacidad de reunir la documentación exigida y el margen real de la Administración para tramitar cientos de miles de expedientes sin colapsar. Si esos tres elementos fallan, el decreto puede acabar tropezando no en la política, sino en la ventanilla.
Porque sobre el papel la puerta ya está abierta. Pero para miles de personas, la diferencia entre regularizarse o quedarse fuera dependerá de algo mucho más prosaico: conseguir un documento, una cita y un expediente completo antes del 30 de junio.
