El Gobierno declara la emergencia climática en España: ¿qué supone esta decisión?

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El Gobierno ha declarado oficialmente la emergencia climática en España para hacer frente con más contundencia a los graves impactos derivados del cambio climático. La decisión adoptada este martes por el Consejo de Ministros lleva aparejado el compromiso de adoptar 30 líneas de acción prioritarias y cinco de ellas en los primeros cien días de Gobierno, de modo que el Ejecutivo de coalición que preside Pedro Sánchez pone el acento una vez más en la lucha del cambio climático como uno de los ejes principales -y transversales- de su acción política.

Por qué el cambio climático es una emergencia

El Gobierno declara la emergencia climática en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica e internacional, que reclaman una acción urgente para salvaguardar el medio ambiente y conseguir cuanto antes los objetivos de neutralidad climática, es decir, que la acción del hombre no repercuta en el sistema climático global.

El cambio climático es un hecho: la década de 2010 fue la más cálida de la historia y el año 2019 fue el más caluroso de Europa y el segundo más cálido a nivel mundial desde que se tienen registros. Y los efectos de este fenómeno se notan especialmente en España. Si el planeta ha visto subir su temperatura global en 1,1ºC desde el período preindustrial, según la Organización Meteorológica Mundial, en España la temperatura ha subido 1,7ºC, según informó la Agencia Española de Meteorología en diciembre.

El 70% de la superficie española está en riesgo de desertificación, y el Mediterráneo y Canarias serían especialmente vulnerables al aumento del nivel del mar. Estos días, Australia arde en verano por los cuatro costados y la nieve azota el este de España como no se ha visto en años.

La denominación de emergencia señala tanto la magnitud del problema como la urgencia de una solución antes de que los daños sean irreversibles. Se fija como objetivo  y “único camino posible” alcanzar la neutralidad climática en 2050.

La vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido la declaración de la emergencia climática para “ir mucho más deprisa” en la consecución de los objetivos medioambientales y las políticas propuestas por razones de “justicia climática” entre países, territorios, generaciones y personas, por “futuro” del país que requiere un proyecto ambiental transversal y por “responsabilidad” política frente al desafío del cambio climático.

Cinco líneas de acción en los primeros cien días de Gobierno

A través de esta iniciativa, el Gobierno pondrá en marcha 30 líneas de acción prioritaria, cinco de ellas en los primeros 100 días de Gobierno. ¿Cuáles son?:

1. LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA. Es el eje fundamental de la política del Gobierno, que se compromete a llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, con un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales neutro en emisiones y un sistema agrario no contaminante. Son los objetivos que se había fijado el PSOE en la anterior legislatura y en el anteproyecto cuya tramitación fue interrumpida por el adelanto electoral.

2. DESCARBONIZACIÓN. El Gobierno se compromete también a definir en los próximos tres meses la senda de descarbonización a largo plazo, más allá del horizonte de 2030 contemplado hasta la fecha, para alcanzar la llamada neutralidad climática.

3. PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN. Se presentará el segundo plan nacional de adaptación al cambio climático incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto.

4. ASAMBLEA CIUDADANA DEL CAMBIO CLIMÁTICO. Se trata de un mecanismo de participación, inspirado en el ejemplo de Francia, que buscará una representación transversal, paritaria y que incluya la participación de los jóvenes.

5. TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Del mismo modo, el Gobierno se compromete a “integrar la perspectiva de clima en los sectores productivos”, es decir, impulsar la transformación del modelo industrial y del sector servicios, de modo que favorezcan la sostenibilidad de las actividades económicas y el empleo de calidad.

Otras medidas en el plan del Gobierno

– Aprobar un plan de acción de educación ambiental para la sostenibilidad antes de que acabe el año.

– Plan nacional de salud y medio ambiente, que destaca la necesidad de aplicar políticas inclusivas para que nadie se quede atrás como consecuencia de estos cambios, actuando frente a la pobreza energética y asegurando la participación activa y en igualdad de condiciones de las mujeres en la transición energética.

– Sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la biodiversidad y el impulso de oportunidades para la transición energética, para generar nuevo empleo verde.

– Estrategia de lucha contra la desertificación y estrategia nacional forestal. El Gobierno presentará en la Conferencia de Presidentes de 2020 la estrategia frente al reto demográfico para facilitar la mejor coordinación entre administraciones.

– Estrategia de economía circular y una ley de residuos que aborde el problema de los plásticos de un solo uso, para alcanzar “residuo cero” en el horizonte 2050.

– Ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente.

– Presentar antes de 2021 una estrategia de turismo sostenible de España 2030 para aumentar la resiliencia del sector a los efectos del cambio climático.

– Objetivo de alcanzar el 30% de superficie marina protegida en 2030

¿Nuevos impuestos?: la “fiscalidad verde”

El proyecto de Ley de Cambio Climático recoge en su texto el establecimiento de un “sistema fiscal, presupuestario y financiero” que conduzca a la descarbonización de la economía y de la sociedad. Hace falta dinero: “Debemos movilizar un volumen sustancial de inversiones en la década 2020-2030 superior a 200.000 millones de euros”, recoge el acuerdo de declaración de emergencia climática del Consejo de Ministros.

Preguntada sobre la revisión de los impuestos a los combustibles con arreglo a estos objetivos, Ribera ha eludido referirse a una revisión de los impuestos al diésel y ha recordado que “salvo casos justificados” no habrá subsidios a los combustibles fósiles, como el diésel, la gasolina o el gas, cumpliendo con lo acordado en 2009 por los países del G20, y añadió que “se procederá a hacer un análisis y revisión de las ayudas que existen.

Por otro lado, la ministra para la Transición Ecológica resaltó que en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno se “mantiene a rajatabla” lo establecido por la Unión Europea, que contempla que desde 2050 no podrán circular vehículos que emitan CO2.

Por su parte, Montero, en calidad de ministra de Hacienda, ha recordado que la “fiscalidad verde” es una cuestión de “especial interés” del Gobierno y que se están estudiando tributos de este tipo en otros países con el objetivo de buscar tasas “disuasorias”, “sin afán recaudatorio”, así como incentivos fiscales para impulsar la transformación del sector productivo.

Transversalidad en la acción del Gobierno

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha afirmado que la aprobación de la emergencia climática va en línea con lo aprobado en la Unión Europea en este sentido y que el Gobierno sitúa así al cambio climático y la transición justa como eje transversal impulsando políticas.

Es en la transversalidad donde ha puesto el acento la ministra de Transición Ecológica, quien ha subrayado que, gracias a esta declaración de emergencia, será posible “ir más deprisa” y responder a los retos de transformación energética, productiva, económica y social que plantean problemas como el calentamiento global y la desertificación, más acusados en España que en otros países.

La declaración de emergencia climática impulsará así el compromiso del Gobierno en todos sus ámbitos y la transición ecológica impregnará las políticas de todos los Ministerios, abarcando desde la agricultura, la movilidad hasta los impuestos.

Antecedentes de la declaración de emergencia en España

España se ha convertido en uno de los países pioneros al aprobar este martes una declaración de emergencia climática, junto a otros como Irlanda, Canadá y Francia.

La declaración de emergencia da continuidad a la moción aprobada en el Congreso el pasado mes de septiembre, por todos los partidos salvo Vox, para instar al Ejecutivo a tomar esta medida.

Y viene precedida de resoluciones similares, que han tomado países e instituciones de todo el mundo. De manera reciente y cercana, a finales de 2019, la adoptaron el Ayuntamiento de Madrid y el Parlamento Europeo, a las puertas de la Cumbre del Clima celebrada en Madrid, y este mismo mes de enero se sumaron el Ayuntamiento de Barcelona y el Parlamento de Canarias.

 

 

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