El Gobierno dice que “no hay evidencia” de que el joven marroquí se suicidara por las condiciones del CIE de Zapadores

 

fotonoticia_20190916130523_800VALÈNCIA, El Gobierno ha afirmado que “no hay ninguna evidencia” que hiciese suponer que el detonante del suicidio de un joven interno marroquí de 23 años el pasado 15 de julio en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores de València fuera por las condiciones del centro.

Así, el Gobierno, en una respuesta parlamentaria al senador de Compromís Carles Mulet, en la que preguntaba por “el verdadero motivo” de la esta muerte, señalado que considerando los testimonios de los testigos, grabaciones, documentos o imágenes “no hay ninguna evidencia” que haga suponer que el detonante del suicidio fueran las condiciones del centro.

Mulet, en su escrito, también preguntaba por qué no se cierran ya el CIE de Zapadores, qué medidas piensa adoptar el Gobierno tras la última muerte y por qué el Gobierno permite que “continúe esta situación inhumana y vergonzoso en los CIE”.

Al respecto, el Gobierno ha explicado que las investigaciones encaminadas al “total esclarecimiento” de los hechos que rodearon la muerte de este siguen abiertas bajo la dirección de la titular del Juzgado de Instrucción número diez de Valencia.

Además, ha afirmado que el hecho fue “inmediatamente” puesto en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia y que al lugar se desplazó la comisión judicial, con un médico forense, procediendo al levantamiento del cadáver.

Asimismo, agentes adscritos a la Brigada Provincial de Policía Científica de València llevaron a cabo “una minuciosa inspección” ocular técnico-policial para elaborar el correspondiente informe pericial.

Así, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia instruyó el atestado número 948/19, de fecha 15 de julio de 2019, que fue remitido al Juzgado de Instrucción número diez de València, en funciones de guardia, incoándose Diligencias Previas número 1353/19.

Por otro lado, la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia tramitó un atestado ampliatorio del anterior, con número 2033/19, que fue remitido al Juzgado de Instrucción número trece de Valencia, en funciones de guardia, el día 18 de julio de 2019.

En cuanto a la situación de los CIE, el Gobierno ha replicado a Mulet que la realidad de la aplicación de la normativa española y europea, así como por “las garantías y mecanismos de control existentes hacen que de ninguna manera pueda hablarse en los términos expresados”.

En ese sentido, ha destacado que el Real Decreto 162/2014 de 14 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los CIE, incorpora el derecho de la UE al ordenamiento español y desarrolla la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en donde se establecen el catálogo de derechos y garantías de los ciudadanos extranjeros sometidos a internamiento.

CONTROL JUDICIAL

Además, ha recalcado que la medida cautelar de internamiento “está controlada de inicio a fin por la autoridad judicial” y estos centros están sometidos a “la auditoría permanente” de “un amplio abanico de mecanismos de control de la más variada naturaleza, administrativa, jurisdiccional, Ministerio Fiscal, Institución Nacional de Derechos Humanos, organizaciones internacionales y regionales, con la doble finalidad de garantizar el eficaz cumplimiento de sus funciones y salvaguardar la protección de los Derechos Humanos.

Entre ellos, ha citado los informes del Defensor del Pueblo o del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, que son públicos, y su acceso al CIE está garantizado, “no habiendo constancia de que, en sus múltiples visitas e inspecciones, alguno de estos organismos haya denunciado casos de violación de Derechos Humanos contra los ciudadanos internados en el CIE de Zapadores”.

Además, se garantiza la asistencia jurídica y la formulación de peticiones o quejas o la interposición de los recursos que correspondan. Del mismo modo, ha asegurado que el acceso a las comunicaciones, el derecho a la asistencia letrada, el derecho a la asistencia de los servicios sociales y a las ONG que cooperan en la asistencia a los ciudadanos inmigrantes, entre otros, “permiten el ejercicio de los derechos, garantizan la protección de los mismos y refuerzan el control”.

Por contra, Mulet, que ha pedido de nuevo el cierre inmediato de este CIE, ha lamentado la muerte de este joven que “estaba allí retenido sin haber cometido ningún delito”. “Los CIE son una prisión de inocentes gestionada desde la opacidad donde se trata de una manera inhumana a personas que buscan una vida mejor”, ha apuntado.

En esta línea, ha señalado que los internos de estos centros “se enfrentan con situaciones insostenibles” pese a que “no son delincuentes y no se las puede tratar como tales”. “Los CIE atentan contra los derechos humanos y son una auténtica vergüenza”, ha apostillado.

 

 

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