Ángel Hernández, el hombre que fue detenido el pasado miércoles por ayudar a morir a su mujer enferma terminal, ha quedado en libertad sin medidas cautelares este jueves tras comparecer ante el juez. Su deseo ahora, ha asegurado, es que el caso pueda servir para ayudar “a gente que está en la misma situación”.
“A mi mujer no le va a llegar la eutanasia, que sea para los demás”, ha dicho a los medios Hernández, visiblemente cansado tras pasar la noche en prisión y muy agradecido por la “empatía” que, dice, ha percibido en los funcionarios públicos.
No tiene “ni idea”, asegura, de lo que le espera en términos judiciales, pero se ha mostrado convencido de su decisión: “Estos cuatro últimos meses han sido los definitivos, me lo pedía constantemente”, ha subrayado.
No sabe si puede convertirse en un “referente” para quienes piden la eutanasia en España, pero lo que verdaderamente le importa, ha dicho, es que el final de su mujer pueda servir para ayudar a quienes estén “en la misma situación”.
“Incluso mi mujer cuando ya lo decidimos me lo comentó. A mi mujer ya no le va a llegar la eutanasia, que sea para los demás”, ha aseverado Hernández, de 70 años.
En libertad sin medidas cautelares
Este jueves la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid ha acordado a última hora la puesta en libertad sin medidas cautelares de Hernández, sobre quien pesa una imputación inicial de la supuesta comisión de un delito de cooperación al suicidio.
En su declaración en sede judicial, Hernández ha reconocido haber suministrado una sustancia para ayudar a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma desde hace tres décadas de esclerosis múltiple y dependiente de su marido.
La magistrada no ha acordado ninguna media cautelar el acusado, si bien tiene la obligación de acudir al Juzgado cuando sea requerido en el transcurso de la investigación judicialLa detención tuvo lugar el miércoles por la tarde en el domicilio en el que el matrimonio residía, situado en la calle de Federico Sainz de Robles, en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, tras el suicidio asistido de Carrasco. El matrimonio lo grabó en un vídeo, en el que ella constata su firme decisión de morir.
El Código Penal regula en su artículo 143 la inducción al suicidio o la cooperación con el suicidio de otras personas, con un rango de penas que va de los dos a los diez años de prisión, aunque se prevé una rebaja si hay petición expresa de la víctima y ésta padeciera enfermedad grave
