El instructor del caso Emarsa, que investiga la supuesta malversación de fondos públicos en la empresa que gestionaba la depuradora de Pinedo, ha ordenado la apertura de dos nuevas piezas separadas sobre delitos contra la Hacienda Pública y el blanqueo de capitales procedentes de la planta.
Los dos autos hechos públicos hoy por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) elevan a siete las piezas separadas en la causa que investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.
En la primera de ellas, el juez ha admitido la querella presentada por el Ministerio Fiscal contra José Luis Sena Gimeno y Vicente Ros, consejeros delegados de Argan (antes Notec SL); Jorge Ignacio Roca, administrador único de la mercantil Agrolemos YN SL, y Enrique Sena, presidente del consejo de administración de Argan.
Los dos primeros han sido imputados por como autores de un delito contra la Hacienda Pública, cometido en el marco del Impuesto sobre las Sociedades del ejercicio 2008 y cifrado en 251.847 euros, mientras que a los dos segundos se les considera cooperadores necesarios.
Todos ellos se encuentran ya imputados en el “caso Emarsa” por malversación de caudales públicos y falsedad documental, entre otros delitos, por los que Roca Samper está en busca y captura internacional.
El auto señala que el fraude que ahora se les imputa consiste, en síntesis, en que Argan “presentó la declaración del impuesto falseada, al deducir gastos que no corresponden a operaciones reales”, con la finalidad de “defraudar a la Hacienda Pública eludiendo el pago de la cuota impositiva que le correspondía”.
Las actuaciones de comprobación e investigación ponen de manifiesto, según el auto, “la existencia de indicios” sobre la presunta falsedad de las facturas recibidas de determinados proveedores y el carácter ficticio de los gastos en ellas consignados”.
En concreto, Argan “no habría justificado el gasto producido en relación con la mercantil Agrolemos YN SL, considerándose que dicha relación comercial no ha existido y que es una simulación dirigida a la creación de un gasto deducible ficticio, con el fin de obtener unos beneficios fiscales de manera ilícita”.
En cuanto a los gastos relativos a las empresas vinculadas a los socios de Notec SL (hoy Argan), se considera que se trata de dar “la apariencia de gasto deducible a lo que realmente es un reparto de beneficios obtenidos como consecuencia de las relaciones comerciales entre el obligado tributario y la empresa pública Emarsa”.
En la nueva investigación sobre blanqueo de capitales figuran como imputados Vicente Gil Usedo y sus hijos Vicente José y María Yolanda Gil Blay, administradores solidarios de las empresas Abanicos Gil y Blay y Creaciones Coscollar y quienes ya fueron imputados con este mismo delito el pasado diciembre.
El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, atiende así la petición de la Fiscalía para investigar el supuesto blanqueo de dinero procedente de la empresa pública que gestionaba la depuradora a través de una “operación triangular” para enmascarar el origen ilícito de los fondos malversados.
La fiscal sostiene que los fondos supuestamente blanqueados por los imputados fueron entregados por Jorge Ignacio Roca Samper, uno de los principales imputados en la causa.
Roca Samper habría realizado ingresos en efectivo, a través de la mercantil Hesse Darmstadt INC, en una cuenta de titularidad conjunta por un importe de 690.108 euros entre octubre de 2009 y abril de 2010, cantidad que los tres imputados emplearían para abonar mercancía a proveedores localizados en China.
Según el escrito del Ministerio Público, estas entregas de dinero eran reintegradas posteriormente por los imputados a Roca Samper en la localidad valenciana de Aldaia, utilizando el dinero procedente de ventas no declaradas.
Esta fórmula permitía a Roca Samper “disponer del precio facturado a la empresa pública por el servicio de gestión de lodos, que en realidad no prestaba”, añade el documento de la fiscal.
Según su informe, Vicente Gil Usedo pertenece desde 2004 a los “Clavaris del Crist” de Alaquàs junto a Roca Samper y los también imputados en la causa José Luis Sena Gimeno, Vicente Ros Bartual y Enrique Sena Gimeno.
Por otra parte, el juez acuerda la libertad provisional de Eva María Marsal, quien deberá comparecer cada jueves en el juzgado, mientras que en una providencia, pide al Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) que designe de forma urgente un letrado de turno de oficio para la defensa del exgerente de Emarsa Esteban Cuesta.
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