24 de abril de 2013
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El juez del caso Nóos admite la personación del PSPV por representar a una parte de los ciudadanos afectados

El portavoz socialista, Joan Calabuig, arropado por sus ediles el día que se hizo pública la personación/pspv

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha admitido la personación del grupo socialista del Ayuntamiento de Valencia como acusación particular colectiva en el marco del caso Nóos, “en su doble condición de representantes de al menos una parte de los ciudadanos afectados por un presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, y de obligados a la defensa del correcto funcionamiento de la corporación municipal”, según el auto que ha dictado hoy, miércoles 24 de abril, con lo cual quedan admitidos como parte en el procedimiento judicial.

El portavoz socialista, Joan Calabuig, arropado por sus ediles el día que se hizo pública la personación/pspv
El portavoz socialista, Joan Calabuig, arropado por sus ediles el día que se hizo pública la personación/pspv

En el caso Nóos se investiga un presunto desvío de fondos públicos a la institución que presidía el duque de Palma, Iñaki Urdangarín

El portavoz del grupo socialista, Joan Calabuig, ha destacado que el hecho de que el  juez José Castro, haya admitido la personación su formación como acusación particular colectiva en el marco del caso Nóos, “permitirá aclarar dónde fue a parar el dinero de los valencianos y las valencianas”. En estos términos se ha pronunciado en un comunicado tras conocerse la admisión de la personación.

Calabuig ha insistido en que ¨si la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, realmente estuviera preocupada por lo que ha sucedido con los recursos de los ciudadanos a los que representa y de cuya gestión ella es la máxima responsable, habría tomado la iniciativa de personarse en este caso para defender los intereses y los recursos públicos. De manera reiterada hemos solicitado al Gobierno municipal que se personara y abriera una comisión de investigación en el seno del Ayuntamiento, pero en todos los casos la respuesta ha sido negativa con el pretexto de que la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) es estrictamente privada y, por tanto, no tenía que cumplir la ley de contratos públicos”.

Frente a la “pasividad” de Barberá, hemos asumido la obligación y el deber de defender los intereses de quienes han sufrido el quebranto en sus recursos. Vamos a llegar hasta el final para defender el interés público y recuperar el dinero que se ha ido a manos de personas que lo han malversado”, ha concluido.

VLC Ciudad/Redacción

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