El juez imputa a la interventora de la Generalitat que negó el uso de dinero público en el referéndum del 1-O

descarga (15)El juez de Barcelona que investiga los preparativos del referémdum del 1-O ha imputado a la interventora general de la Generalitat Rosa Vidal, que aseguró que el Govern de Carles Puigdemont no había gastado ni un euro público en la consulta. El instructor la cita a declarar como investigada -lo que antes se conocía como imputada- el próximo 24 de julio al entender que ha tratado de “impedir” que se conozca el coste público del referéndum.

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona también cita a declarar a Montserrat Vidal, responsable del área de procesos electorales y consultas populares de la Generalitat, y a la secretaria general de Gobernación, Meritxell Masó, entre otros, según la providencia a la que ha tenido acceso Efe.

El juez ha imputado a la interventora general después de que esta contestara a los requerimientos remitidos por Hacienda que en ningún Departamento constaban gastos de preparación o ejecución del referéndum, una afirmación que para el magistrado es contraria a “las más elementales reglas de la lógica”.

El papel de Vidal estaba en el punto de mira del juez después de que este recibiera un anónimo que le instaba a rastrear las autorizaciones de contratos y pagos efectuadas por la investigada y que Hacienda le advirtiera de que la interventora no había respondido a su requerimiento de información de los gastos del Govern para el 1-O.

Informe de la Guardia Civil sobre la interventora

A esas advertencias se suma un informe de la Guardia Civil que alerta de que la interventora general no activó ningún procedimiento para denunciar un intento fraudulento de la empresa postal Unipost -que supuestamente se iba a encargar de los envíos postales vinculados al 1-O-, para cobrar al menos una factura de 238.965 euros a la Generalitat por gastos vinculados al 1-O.

Para seguir el rastro de los gastos del 1-O, el juez autorizó a la Guardia Civil a acceder al fichero de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) para rastrear las cuentas de los investigados por los preparativos del referéndum.

En un auto en que desestima una vez más los recursos de los investigados contra esa línea de investigación, el juez defiende la necesidad de acudir al SEPBLAC y reprocha a la interventora que pretenda que el material y los gastos de personal vinculados a la consulta se imputen “a ignorados modos de pago, donaciones o contribuciones, ya sea de particulares, de empresas o de instituciones”

Además, añade el juez, si ese fuera el caso, la interventora “debería haber facilitado un listado comprensivo de los donantes y contribuyentes con sus respectivas cuantías”.

“Es por ello que no habiéndose facilitado ninguna información justificativa de los gastos generados por la consulta, antes al contrario tratando de impedir el conocimiento de la misma y ante la existencia de evidencias sobre la realidad y del gasto y la utilización de fondos públicos, deba acudirse a otros medios de investigación (…)”, sostiene el juez en su auto.

Rosa Vidal figura entre los cargos públicos de la Generalitat a los que el Tribunal Constitucional advirtió, el pasado 13 de septiembre, de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la suspensión del 1-O, según la documentación que el alto tribunal ha remitido al juez instructor.

La Generalitat accedió a datos de 56.196 personas, según la Guardia Civil

La Guardia Civil asegura en un informe de la Unidad de Policía Judicial de Cataluña que la Generalitat presidida por Carles Puigdemont accedió “sin autorización” a los datos de 56.196 personas para montar la logística del referéndum del 1 de octubre incumpliendo con el mandato del Tribunal Constitucional.

También ha analizado, según recoge Europa Press, varios dispositivos de Josep Maria Jové, ‘cerebro’ de la consulta independentista, y concluye que no tienen interés para la investigación.

Los investigadores recuerdan en el informe que tiene fecha de entrega del 5 de julio en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que los datos se pueden ver en el archivo “sorteig–20170915–1200–Original” y concluyen que el sorteo para la formación de las mesas electorales “se pudo realizar el 15 de septiembre de 2017”.

La Guardia Civil explica que, de acuerdo al análisis del correo de Josep Maria Jové, ha acreditado que se accedió al registro de población de Cataluña y a otro registro de participación en consultas populares a través del Idescat. “Presumiblemente”, señala, los datos de ambos registros se facilitaron con el uso de pendrives encriptados a David Palanques, “que sería la persona que trataría la información contenida en estos”.

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