El juicio de la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a supuestas irregularidades en las contrataciones de la Generalitat con empresas de la trama para el montaje del pabellón de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, arrancará el 31 de marzo, justo con un año de retraso y en plena precampaña electoral de las autonómicas y municipales del 24 de mayo.
Los abogados de los 13 procesados en esta pieza -las ex conselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such; el ex jefe de gabinete de la AVT Rafael Betoret; Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa (considerados presuntos cabecillas de la trama); Isaac Vidal, ex jefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo; Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau, coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; Isabel Jordán (ex administradora de empresas de la trama); y Mónica Magariños (ex trabajadora de las mismas entidades)- se han reunido este miércoles en la sede del TSJCV para cuadrar agendas de cara al juicio, y han fijado como fecha de inicio del juicio el próximo 31 de marzo. Asimismo, está previsto que la vista se prolongue medio año -seis meses contando como inhábil el mes de agosto exceptuando el día 3- con lo que concluirá, si no ocurre nada imprevisto, el día 3 de octubre, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Se da la circunstancia de que el juicio coincidirá con el inicio de la vista por el caso Terra Mítica, que se celebra desde marzo y hasta septiembre en la Audiencia de Valencia. Según fuentes judiciales, los fiscales encargados de Gürtel querían comenzar este último proceso el 2 de febrero pero por imposibilidad en la agenda del resto de letrados intervinientes ha tenido que aplazarse hasta el 31 de marzo. En todo caso, se ha señalado la celebración de cada sesión en días en los que no se coincida con el juicio por el otro proceso, ya que hay letrados que participan en ambas causas.
El juicio por esta pieza llega con un año exacto de retraso, ya que curiosamente se fijó el 31 de marzo de 2013 para su inicio. Sin embargo, el tribunal valenciano se vio obligado a posponer su comienzo ante la decisión de Milagrosa Martínez, encausada en esta pieza, de dejar su escaño en las Cortes penas diez días antes de comenzar la vista, con lo que la causa se quedaba sin ninguna persona aforada y, por tanto, el tribunal ya no era el órgano competente.
Martínez, actual alcaldesa de Novelda, ex consellera de Turismo y entonces diputada del PP en les Corts, abandonó su acta de diputada el 21 de marzo de 2013. Esta decisión hizo que el TSJCV suspendiera el juicio hasta resolver sobre la competencia para enjuiciar los hechos.
Entonces el tribunal valenciano acordó que fuera la Audiencia de Valencia la que enjuiciara la pieza, pero contra esta decisión la Fiscalía Anticorrupción presentó un recurso en el que alegó que esta decisión no era ajustada a derecho, con lo que entendía que se había incurrido en una infracción de precepto legal y constitucional.
El Tribunal Supremo, tras estudiar el recurso del ministerio público, acordó que fuera el TSJ valenciano el que juzgara la pieza de Fitur del ‘caso Gürtel’ en base al criterio que establece que es el acto de apertura de juicio oral lo que determina la imposibilidad de una renuncia del aforo con efectos procesales. Tras esta decisión, el siguiente paso era fijar el inicio del juicio y para ello el tribunal ha citado este miércoles a los abogados de los procesados con el objetivo de cuadrar agendas.
Los 13 procesados se sentarán en el banquillo por presuntos delitos de prevaricación, malversación, enriquecimiento injusto, cohecho, tráfico de influencias, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos. El magistrado ha impuesto 636.500 euros de fianza para Milagrosa Martínez; otros 651.500 euros para Correa, Crespo y Pérez; 645.000 euros para Betoret; 540.000 para Vidal; 440.000 para Jordán;336.500 euros para Herrero; 330.000 para Magariños; 230.000 para Guarro; y 137.000 euros para Grado. La Secretaria de la Sala, después de comprobar que ni Herrero, ni Martínez ni Betoret, ni Vidal, ni Guarro ni Grado habían depositado la fianza fijada, ordenó crear una pieza de responsabilidad pecuniaria y embargar sus bienes con el correspondiente trámite de averiguación y traba de pertenencias.
Milagrosa Martínez se enfrenta a una petición, por parte de la Fiscalía, de pena de 11 años de prisión y 34 de inhabilitación por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, mientras que para Such se solicita nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.
En concreto, en esta pieza las imputaciones se refieren a las adjudicaciones realizadas por la AVT, entidad pública de la Generalitat, a la mercantil Orange Market -y otras sociedades vinculadas-, que se encargaba de organizar y realizar la mayor parte de actos del PP valenciano.
Así, empresas de la presunta trama consiguieron los contratos de Fitur de 2005 a 2007, cuando era consejera Milagrosa Martínez; y los de 2008 a 2009, cuando lo era Angélica Such. Junto a estos contratos, también se pactaron otros como el desayuno Ifema, otras cuatro ferias más -TCV Valencia, Expovacaciones Bilbao, STIC Barcelona y Intur Valladolid-; Exporural; y adjudicaciones de las consellerias de Territorio y Vivienda e Infraestructuras y Transportes con ocasión de la contratación del diseño y montaje de sendos pabellones de Fitur de 2005 a sociedades vinculadas a Orange Market.
Asimismo, los procesados están acusados de posible duplicidades de pagos abonados a las mercantiles investigadas con anuencia de las diferentes autoridades y empleados públicos con funciones de redactar los pliegos y criterios de adjudicación; y emitir informes a la mesa de contratación, concurrir, hacer propuestas y adjudicar concursos a estas empresas.
VLC Noticias | Redacción
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