El pleno de la Diputación aprueba la moción de Compromís contra el canon en las bibliotecas públicas

Con los votos a favor de Compromís, PSPV y EUPV y con el abstención del PP, solicitará al Gobierno que declare la totalidad de bibliotecas públicas exentas del pago del canon por préstamo de obras.

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El Diputado Provincial de Compromís, Emili Altur, se ha felicitado por la aprobación de esta moción ya que, según afirmó, “las bibliotecas públicas son un espacio para que la ciudadanía, sin distinción de clases sociales o recursos económicos pueda acceder con igualdad de condiciones en el mundo de la cultura y el conocimiento “.

Tal como explica la moción presentada por el Grupo de Compromís en la Diputación de Valencia el pasado 1 de agosto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneraciones a los autores por los Préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público, norma con la que el Gobierno de España transpone a la legislación estatal la Directiva 2006/115 /CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.

Si bien el artículo 1.1 de la mencionada Directiva europea impone a los Estados miembros de la Unión Europea la obligación de reconocer a los autores el derecho de autorizar o prohibir el préstamo de originales y copias de obras protegidas por el derecho de autor, esta obligación se matiza en el artículo 6.1 de la misma Directiva que permite establecer excepciones a la obligación con respecto a los préstamos públicos y que se podrá determinar libremente por los Estados miembros teniendo en cuenta los objetivos de promoción cultural de cada Estado.

A lo largo del Real Decreto 624/2014 se establece el sistema de cálculo de las remuneraciones por el préstamo de obras protegidas por derechos de autor que se lleven a cabo en los establecimientos accesibles al público (artículo 1). Se exime de la obligación de remuneración a las bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español (artículo 2.2.b) y los establecimientos de titularidad pública que preset servicio en municipios de menos de 5.000 habitantes (artículo 2.2.a) . Este criterio hace que el grupo proponente de esta moción nos preguntamos por qué los municipios de población superior a 5.000 habitantes no pueden beneficiarse de esta exención. Por otra parte, el mismo Real Decreto 624/2014 regula que las cuantías del canon deberán calcularse a razón de multiplicar por 0,05 euros el número de usuarios inscritos de cada biblioteca (artículo 7.4) y de multiplicar por 0,004 euros la cantidad de obras que hayan sido objeto de préstamo en cada establecimiento durante el año correspondiente (artículo 7.3).

El portavoz de Compromís en la corporación provincial ha afirmado que “si ya nos resulta un contrasentido un sistema que penaliza las bibliotecas más dinámicas como más consiguen fomentar la lectura entre la ciudadanía, aunque es más difícil de entender la obligación de pagar 0, 16 euros por cada obra adquirida anualmente hasta el 31 de diciembre de 2015, tal como establece la disposición transitoria primera del Real Decreto hasta la entrada en vigor del artículo 7.3. En nuestra opinión, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes otorga con esta regulación una relevancia mayor a intereses de asociaciones privadas como CEDRO (equivalente de la SGAE para el sector del libro), en lugar de defender una cultura de libre acceso para parte de la ciudadanía; lejos de defender los intereses generales, grava los escasos recursos financieros de las administraciones locales con pagos a favor de asociaciones privadas. Además, es cuestionable que esta medida sea beneficiosa para los autores, dado que el reparto del canon no puede comprobarse por la falta de transparencia de las entidades de gestión “.

Por último, Altur ha propuesto que “desde el grupo proponente de la moción, nos hacemos eco y nos adherimos al manifiesto que lectores, bibliotecarios, escritores, libreros, editores, intelectuales, artistas, científicos, maestros y profesores firmaron contra la Directiva europea que inspira ahora este Real Decreto, que entre otras cosas afirma que el dinero recaudado no irá a parar a los autores, sino a las entidades privadas de gestión, que la imposición del canon acabará afectando a los presupuestos para la adquisición de libros de las bibliotecas, afectando así a autores y lectores, que las bibliotecas no compiten con las librerías, ya que permiten la permanencia y disponiblidad de obras, o que las bibliotecas ya pagan derechos de autor cuando adquieren libros “.

VLC Noticias | Redacción

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