El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por unanimidad el informe al Anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, sin modificaciones sobre la propuesta redactada por los ponentes Wenceslao Olea y Victoria Cinto.
El texto que se remitirá al Gobierno contará con dos votos particulares concurrentes –es decir, que están de acuerdo con el informe pero solicitan una modificación o añadido-, uno del vocal Enrique Lucas, al que se adherirá la vocal Mercé Pigem; y otro de la vocal Concepción Sáez.
El informe considera que los términos de justificación de la intervención de los poderes públicos son excesivamente amplios y recomienda adecuarlos a los límites constitucionales del concepto de seguridad ciudadana.
También cree excesivamente amplio el deber de denuncia establecido en el Anteproyecto y estima más adecuado circunscribirlo a hechos que supongan una perturbación cierta de la seguridad ciudadana o de los que pueda concluirse racionalmente que la producirán, sin que baste la mera sospecha o la posibilidad.
