El PP seguirá batallando contra la ley de plurilingüismo en los tribunales y exploran la manera de llevarla al Tribunal Constitucional. Así lo avanzó ayer a presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que aseguró que su intención es hacerlo lo antes posible, «antes de que el PSOE acabe con la independencia de la Justicia».
Bonig recordó que el PP también ha puesto a disposición de los padres sus servicios jurídicos para que puedan impugnar los proyectos lingüísticos de los colegios. «El PP no está en contra del valenciano, pero no estamos de acuerdo con una imposición lingüística. Los padres deben tener derecho a elegir la lengua vehicular en la que estudian sus hijos». Además, instó al conseller de Educación, Vicent Marzà, a que dé por escrito a los centros las normas de aplicación de la ley y dijo que si no lo hace es porque sabe que el TSJ tumbaría esa orden, «como ha ocurrido ya con más de 40 sentencias».
Por su parte, la diputada y portavoz del Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, se defendió de la acusación del síndico de Ciudadanos, Toni Cantó, que señala al PP como el culpable de iniciar la imposición del valenciano en zonas castellanoparlantes. Le recordó que la única norma sobre plurilingüismo consensuada con la comunidad educativa y sin recursos judiciales, fue la que aprobó el Consell del PP en 2013. «Nunca he creído en la inmersión lingüística porque no da buenos resultados académicos».
La lengua como arma
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, dijo que el valenciano no puede ser «una piedra que lanzarse porque las lenguas son puentes y no muros». Desde el PSPV, su síndico en Les Corts, Manolo Mata, celebró que se haya acabado la imposición del PP que obligaba a estudiar el 33 por ciento en cada lengua.
