El propietario del restaurante El Ventorro ha comparecido en los juzgados de Catarroja para testificar en la investigación sobre la gestión de la riada. El establecimiento fue donde el presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana almorzaron el 29 de octubre de 2024.
El dueño del restaurante llegó a los juzgados a las 9:15 horas para declarar sobre los hechos relacionados con la dana. Además, este mismo día, a las 11:30 horas, está programado el testimonio del secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, candidato a suceder a Mazón en la presidencia de la Generalitat.
La citación de ambos testigos fue decidida por la magistrada dos días atrás, a solicitud de las acusaciones ejercidas por el PSPV-PSOE y Ciudadanos, o de oficio en ciertos casos. La jueza desea esclarecer si el dueño de El Ventorro, quien tenía acceso a la sala donde Mazón y la periodista se encontraban, pudo haber escuchado alguna conversación telefónica del presidente con la exconsellera.
En cuanto a Juanfran Pérez Llorca, la citación responde a llamadas realizadas el día de la dana a la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, quien está siendo investigada por su gestión de emergencias. Las comunicaciones de Pérez Llorca incluyen una llamada perdida, una saliente de 14 segundos y otra entrante de 9 segundos. Estas deben ser consideradas en contexto con las llamadas entre Mazón y la exconsellera.
La magistrada indica que las comunicaciones de estos individuos pueden proporcionar información crucial sobre los eventos de aquel día. Destaca la conexión y cercanía aparente entre Pérez Llorca y el presidente en funciones, al punto de que en sus contactos telefónicos aparece mencionado como Juan Fran Mazón.
El análisis de las declaraciones se centra en comprender el proceso de toma de decisiones en la reunión del Cecopi el 29 de octubre de 2024, especialmente en relación con el envío de alertas a la población. El propósito es esclarecer cómo se llevaron a cabo esas deliberaciones y si la falta de información pudo influir en decisiones inadecuadas o en la omisión de acciones necesarias para evitar los daños personales investigados.
Además, se recuerda que un auto de la Audiencia Provincial de Valencia del 16 de octubre de 2025 ya determinó la importancia de la declaración de Vilaplana, señalando el papel de Mazón como máxima autoridad de la Generalitat Valenciana, con funciones tanto directivas como de coordinación, capacitado para impartir instrucciones al Consell.
