La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado consentir la sentencia del TSJCV que anula la reparcelación de los terrenos de un Programa de Actuación Integrada (PAI) en la Avenida de Hermanos Maristas/General Urrutia adjudicado en el año 2000 a la urbanizadora Quatre Carreres.
La sentencia, que se ha conocido ahora, anula la reparcelación ya que tanto el Plan de Reforma Interior como la adjudicación del sector de suelo urbano ubicado en la Avenida Hermanos Maristas esquina con General Urrutia también fue anulado en sentencia anterior, y por tanto, como era de esperar, al estar el planeamiento y la adjudicación del sector anulados, la reparcelación de los terrenos no puede llevarse a cabo.
El concejal socialista Vicent Sarriá ha comentado, que ¨empezamos el año como lo terminamos, con sentencias contra las malas prácticas urbanísticas del Partido Popular, que están ocasionando no solo graves perjuicios económicos a los ciudadanos, sino que están colocando al urbanismo valenciano permanentemente bajo sospecha.
Los técnicos cambiaron la delimitación del ámbito del PRI incluyendo terrenos externos
El motivo de la anulación de la adjudicación y la reparcelación se produce porque en el PAI de Hermanos Maristas/General Urrutia el ayuntamiento cometió el error de cambiar la delimitación del ámbito del Plan de Reforma Interior, modificando la sectorización e incluyendo terrenos que no formaban parte de su ámbito, causando un perjuicio a los propietarios del suelo. De esta manera, los propietarios afectados recurrieron al TSJCV que les dio la razón, anulando tanto el planeamiento como la reparcelación.
La sentencia se ha producido cuando los edificios del sector ya están en construcción y por tanto el ayuntamiento no puede cumplirla, y en la fase de ejecución de sentencia se le obliga a pagar a los propietarios recurrentes los daños y perjuicios ocasionados, que han supuesto un desembolso de 300.000 euros.
Sarriá ha comentado que ¨la alcaldesa no puede permanecer impasible ante tantos errores y abusos en la gestión del urbanismo en la ciudad, donde las condenas son ya la práctica habitual. Unas veces por falta de transparencia y publicidad en la adjudicación de sectores urbanizables; otras veces por negligencia en los pagos de las expropiaciones; otras por vulnerar sistemáticamente la tramitación de expedientes o la aplicación de la ley de contratos de las administraciones públicas¨
El edil explica que ¨en ésta nueva ocasión que denunciamos hoy, se ha producido por cometer un error urbanístico propio de principiantes en un proceso de adjudicación de un Programa de Actuación Integrada, que nos ha costado 300.000 euros.
Para Sarriá, la alcaldesa ¨no puede permanecer impasible ante tantas sentencias de los tribunales y su silencio evidencia su complicidad con estas malas prácticas urbanísticas y con una reiterada gestión incompetente que debería hacerle replantearse cuál es su función como primera autoridad de la ciudad¨
VLC Ciudad/Redacción
