El Supremo cuestiona la mayor regularización extraordinaria de inmigrantes de las últimas décadas

La mayor regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada en España en los últimos años ha entrado en una nueva fase de incertidumbre judicial. El Tribunal Supremo estudia si el proceso aprobado por el Gobierno puede ser incompatible con el derecho de la Unión Europea y ha abierto la puerta a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE antes de resolver los recursos presentados por varias comunidades autónomas.

La decisión llega precisamente cuando el proceso ha superado todas las previsiones iniciales y ha cerrado el plazo de solicitudes con más de 1,2 millones de expedientes registrados, muy por encima de las estimaciones iniciales del Ejecutivo.

La duda del Supremo: ¿puede afectar al espacio Schengen?

La Sala ha concedido cinco días a las partes para pronunciarse sobre la conveniencia de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El alto tribunal quiere aclarar si una regularización extraordinaria aprobada mediante un real decreto puede entrar en conflicto con distintas normas comunitarias, entre ellas el Código de Fronteras Schengen, el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y la normativa sobre retorno de ciudadanos extracomunitarios.

Uno de los aspectos que analiza el Supremo es que la autorización de residencia concedida en España permite posteriormente circular durante hasta 90 días por el espacio Schengen, una circunstancia que, según el tribunal, podría tener efectos más allá del territorio español.

La Generalitat sostiene que la medida afecta a toda Europa

La Generalitat Valenciana ha remitido ya sus alegaciones al Supremo.

El Gobierno autonómico considera que la regularización no constituye una simple reforma técnica del reglamento de extranjería, sino una regularización extraordinaria de enorme alcance que puede afectar al conjunto del sistema europeo de inmigración.

Según sostiene, una decisión de estas características debería haberse coordinado previamente con las instituciones europeas y con el resto de Estados miembros antes de su aplicación.

El Gobierno defiende la legalidad del proceso

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mantienen que el decreto ha sido redactado respetando plenamente la normativa comunitaria.

El Ejecutivo insiste en que las autorizaciones concedidas corresponden exclusivamente al territorio español y recuerda que el propio Tribunal Supremo ya rechazó hace semanas suspender cautelarmente el procedimiento mientras estudiaba los recursos.

Ahora será el propio alto tribunal quien decida si finalmente plantea la consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de resolver el fondo del asunto.

Más de un millón de solicitudes pendientes

El proceso extraordinario de regularización concluyó este martes tras recibir más de 1,2 millones de solicitudes, una cifra que supera ampliamente la previsión inicial del Gobierno, que calculaba alrededor de medio millón de potenciales beneficiarios.

A partir de ahora, la Administración deberá analizar individualmente todos los expedientes presentados mientras el futuro jurídico del procedimiento queda pendiente de la decisión que adopte el Tribunal Supremo y, en su caso, de la interpretación que realice la justicia europea.