El tribunal condena a nueve años de prisión a ‘La Manada’ por abuso sexual, pero les absuelve de violación

4582659La Audiencia Provincial de Navarra ha sentenciado a nueve años de prisión a los cinco miembros de ‘La Manada’ que estaban acusados de la violación múltiple de una joven madrileña al inicio de los Sanfermines, en la madrugada del 7 de julio de 2016, en un portal de Pamplona. La sentencia, con el voto particular discrepante de uno de los tres jueces para pedir la absolución, ha interpretado que el delito concurrente es el de abuso sexual, y no el de agresión sexual, acusación de la que han sido absueltos. También deberán abonar a la joven una indemnización conjunta y solidaria de 50.000 euros

Asimismo, se ha prohibido a los condenados -José Ángel Prenda (28 años), Ángel Boza (26), Jesús Escudero (27), Alfonso Jesús Cabezuelo (29) y Antonio Manuel Escudero (29)- acercarse a 500 metros a lo joven agredida y ponerse en contacto con ella durante 15 años, y se establecen para ellos cinco años de libertad vigilada.

A uno de los acusados se le añade una condena por el delito de hurto, de dos meses de multa de 15 euros diarios durante dos meses. El voto particular pedía la absolución de todos los delitos, salvo el de dicho hurto, por el robo del móvil de la joven denunciante.

El fallo es recurrible en el plazo de diez días ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y sobre la decisión de este se puede presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Agustín Martínez Becerra, abogado de tres de los cinco acusados ya adelantó que recurrirían si no se les declaraba inocentes.

Protestas tras la sentencia

Una vez que se ha conocido el fallo del tribunal, decenas de mujeres que se concentraron ante la sede del Palacio de Justicia en Pamplona manifestaron su rechazo con proclamas de “No es abuso, es violación” o “Nos tocan a todas si tocan a una”.

Un grupo de personas se saltó el cordón de seguridad de la Policía Foral de Navarra, creando momentos de tensión ante la sede judicial, con empujones frente a los agentes autonómicos.

La lectura pública del tribunal de la Sala Segunda, en la que no han estado presentes ni la joven ni los acusados, pone fin a cinco meses de espera desde que terminó el juicio y a la gran expectación suscitada en torno a este caso, que provocó importantes muestras de rechazo y una oleada de manifestaciones feministas, con una nueva concentración este jueves a las puertas del Palacio de Justicia de Pamplona.

La violencia e intimidación condicionan la pena

La decisión de los magistrados José Francisco Cobo, Raquel Fernandino y Ricardo González se ha hecho esperar y la clave se encontraba en la apreciación que los jueces hicieran de si hubo violencia o consentimiento de la joven denunciante, circunstancia que sería agravante puesto que distinguiría si se trató de un abuso sexual o de una agresion sexual. Finalmente, la interpretación del tribunal ha sido que se trataba de un “delito continuado de abuso sexual con prevalimiento”.

Es decir, el tribunal ha entendido que ha habido prevalimiento, esto es, que los miembros de ‘La Manada’ se aprovecharon de la víctima por su superioridad, pero no ha entendido que hubiera violencia e intimidación, necesarias para tipificar el delito cometido de agresión sexual, según el Código Penal.

El juez Ricardo González, el único que se mostró a favor de la excarcelación de los acusados -en prisión provisional desde su detención- y el que ha emitido un voto particular en la sentencia pidiendo la absolución, intervino en el juicio para interesarse en si la joven hizo una manifestación expresa de que no consentía la relación sexual con los cinco acusados. Ella respondió: “No hablé, no grité, no hice nada. Entonces, que yo cerrara los ojos y no hiciera nada, lo pueden interpretar como que estoy sometida o como que no“.

Los procesados, uno de ellos guardia civil y otro militar, se enfrentaban a los delitos de agresión sexual continuada, contra la intimidad y robo con intimidación, por los que la Fiscalía pidió 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de ellos y el pago de una indemnización conjunta de 100.000 euros. La acusación particular elevaba la petición de penas a 24 años y nueve meses y las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, pedían penas de hasta 25 años y nueve meses, además de indemnizaciones de 250.000 euros.

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